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El gran aumento de los precios de los alimentos y la energía registrado en los últimos años ha afectado los ingresos reales de los muy pobres y ha elevado la inflación en un número creciente de países.
Asimismo, se registra un nivel bajo sin precedente de existencias de varios de los principales alimentos, lo que augura un aumento aún más pronunciado del precio de los alimentos en caso de que la cosecha de 2008 sea muy mala.
En este sentido, los gobiernos encaran el enorme desafío de proteger a sus ciudadanos más vulnerables de una manera sostenible y responsable desde el punto de vista fiscal.
Los gobiernos deberían utilizar o ampliar en la mayor medida posible las redes de seguridad social para proporcionar protección focalizada de los ingresos en lugar de una subvención general de precios, que puede ser muy costosa, y no volver a la prohibición de las exportaciones o los controles de precios, que pueden poner en peligro los incentivos para ampliar la producción agrícola y pueden agravar la escasez en otros países.
Las autoridades tanto de los países en desarrollo como de los de ingreso alto encaran el gran desafío de, por un lado, gestionar la desaceleración a corto plazo de sus economías y la posible presión financiera y, por el otro, los riesgos vinculados con el aumento de la inflación.
Si bien no se vería con agrado una desaceleración rápida y considerable, cierta moderación de la actividad probablemente sea conveniente en la mayoría de los países en desarrollo.
En consecuencia, se debería permitir el funcionamiento de los factores automáticos de estabilización, aunque habida cuenta de los problemas inherentes al ajuste preciso de la economía, en casi todos los países sería un error imprimir a las políticas una orientación de fuerte estímulo.
Con muy pocas excepciones, la mayoría de los países deberían seguir un enfoque de la política fiscal y monetaria que haga hincapié en la estabilidad de precios y la sostenibilidad fiscal a mediano plazo.
Asimismo, en las circunstancias actuales, adquiere cada vez más importancia el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones financieras relativas a la supervisión del sector financiero y el examen de la gestión de riesgos.
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