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Existe consenso en que el crecimiento de la región continuará disminuyendo a medida que se agrave la crisis. Según cálculos del Banco Mundial, la región probablemente también sufrirá la contracción del PIB en 2009, si bien en distintos niveles en cada país. En general, se pronostica que el PIB disminuirá en torno a 0,6%.

A diferencia de trances similares anteriores, los efectos de éstos se están propagando a través de la economía real. Sin embargo, América Latina no es el epicentro que los generó, sino por el contrario: es víctima de ellos. Además, aunque la situación todavía es muy volátil, cuando la crisis comenzó los sectores financieros de la mayoría de los países de la región mantuvieron mejor la estabilidad que otras regiones del mundo, debido a que cuentan con un marco regulatorio y de supervisión más estricto.

• México y América Central serán los principales afectados por la larga recesión que sufre Estados Unidos, debido a sus estrechos vínculos económicos y comerciales con ese país. Las remesas disminuyeron en 6% en 2008 y se espera que caigan un 10% en 2009. México tendrá crecimiento negativo en 2009.
• En América del Sur, Brasil ha recibido el duro golpe del reventón de la burbuja de precios de los productos básicos. Por su parte, Argentina también está afectado y ha decidido nacionalizar su sistema de pensiones para mantener el equilibrio fiscal.
• Los países exportadores de petróleo, como Venezuela y Ecuador, deberán ajustar su gasto fiscal debido a la disminución de los ingresos por motivo de la caída en los precios internacionales del petróleo (desde un máximo de US$147 por barril en julio de 2008 a US$52 por barril en abril de 2009).
• Por otro lado, la crisis afectará sólo moderadamente a los países de la región que han podido ahorrar durante los tiempos de auge económico y que tienen mercados más diversificados (Brasil, Chile, Colombia y Perú). En general, los países con bancos centrales autónomos, sistemas de fijación de metas inflacionarias y procesos fiscales sólidos están en una posición favorable desde donde capear las dificultades.

Las autoridades se enfrentan ahora a importantes desafíos para sortear las dificultades que trae consigo esta perturbación en el corto plazo y al mismo tiempo mantener las condiciones necesarias para recuperar el crecimiento en el largo plazo. La actual crisis financiera internacional no debe convertirse en una crisis social ni humanitaria, por lo tanto urge iniciar medidas oportunas y contundentes para proteger los avances alcanzados hasta ahora en materia social en la región. Si bien entre 2002 y 2007 unas 52 millones de personas salieron de la pobreza, esta tendencia podría revertirse ahora. Las proyecciones del Banco Mundial indican que unos cuatro millones de personas en la región podrían terminar el año 2009 en situación de pobreza debido a los efectos negativos de la crisis mundial¹.

Las naciones de América Latina han comenzado a aplicar diversas medidas anticíclicas, como el aumento de las subvenciones, la reducción de impuestos y el incremento del gasto público, en especial en infraestructura. Al principio, la mayoría de las iniciativas de políticas tenían como fin proteger la liquidez de los mercados financieros locales, pero con el tiempo el centro de atención giró gradualmente hacia las políticas fiscales y de generación de empleo.

La región también aumentó la ayuda dirigida hacia los grupos más vulnerables por medio de la aplicación de conjuntos de medidas de protección social. Son disposiciones fundamentales para mantener el acceso a seguridad social, proteger el gasto público en áreas clave como nutrición y vacunas y proporcionar ayudas focalizadas adicionales en efectivo.

En ese sentido varios países de la región aplicaron con éxito diversos programas de transferencias en efectivo condicionadas (CCT, por su sigla en inglés), como “Bolsa Familia” en Brasil, “Oportunidades” en México y otros similares en El Salvador, Panamá, Jamaica y Colombia. Estos programas entregan ayudas en dinero en efectivo a las familias pobres a cambio de que sus hijos asistan a la escuela y reciban atención de salud. Algunos ejemplos de préstamos recientes son los siguientes:

• US$1.500 millones para expandir el programa de CCT “Oportunidades” de México.
• US$636,5 millones para el programa de CCT “Familias en acción” de Colombia.

¹Se define pobreza como el ingreso menor que US$4 al día.

Sin embargo, la crisis también es una oportunidad para ALC: permite aplicar las reformas necesarias para vivir una rápida recuperación y mejorar la economía una vez que haya amainado el temporal. Las reformas más urgentes en educación, logística e infraestructura darán a la región las herramientas necesarias para competir mejor en el escenario mundial.

La crisis también puede servir para reorientar el gasto público hacia la promoción de la igualdad de oportunidades para todos. Hasta el año pasado, medir la igualdad de oportunidades era casi imposible. En 2008, investigadores del Banco Mundial publicaron el primer Índice de Oportunidad Humana, un sistema de medición que ofrece a las autoridades información valiosa sobre cómo focalizar mejor el gasto social para garantizar así la igualdad en el acceso a servicios básicos.

América Latina y el Caribe fue la primera región en la que se aplicó el índice. Tras analizar los datos de unos 200 millones de niños de 19 de sus países, los investigadores concluyeron que entre 25% y 50% de la desigualdad que se observa entre los adultos de la región se debe a circunstancias vividas en su infancia que escapan al control o a la responsabilidad de la persona misma, como el nivel educacional de la madre, la ocupación del padre, la raza, el género y el lugar de nacimiento. De modo que mientras estos factores influyan significativamente en el acceso de los niños a servicios básicos y a otras oportunidades, la región seguirá teniendo problemas relacionados con la igualdad.

Además, la práctica generalizada de entregar subvenciones universales (para la educación superior o los servicios básicos) se traduce en un derroche de recursos que estarían mejor invertidos en ayudas focalizadas en los más pobres. América Latina gasta anualmente entre 5% y 10% del PIB en subvenciones. De éstas, una tercera parte es captada por el quintil más rico de la población. Esta cifra equivale a los fondos necesarios para al menos triplicar los programas de CCT dirigidos a los más pobres.

Por intermedio del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Banco Mundial comprometerá, durante el ejercicio que finaliza en junio de 2009, nuevos recursos por unos US$14.000 millones a América Latina, lo que equivale al triple de su volumen usual. De ellos, entre US$2.000 millones y US$3.000 millones se destinarán a la ampliación de programas de CCT.

Además, la institución creó productos financieros nuevos que responden a las necesidades de los países de ingreso mediano, como la línea de crédito concertada llamada opción de giro diferido (DDO por su sigla en inglés), que otorga liquidez inmediata a varios países de la región (Colombia, México, El Salvador y Uruguay, entre otros) para hacer frente a la crisis. La DDO refleja el compromiso del Banco Mundial de ayudar a los gobiernos a enviar señales positivas a los mercados, para lo cual ha creado estas fuentes preventivas de financiamiento que estarán disponibles durante un período de seis años.

Otros ejemplos son los siguientes:

• Préstamo de US$370 millones al gobierno de Perú en financiamiento para imprevistos en el sector público y la aplicación de reformas para mejorar la competitividad.
• Préstamo de US$65 millones a Costa Rica, destinados a mejorar el Programa de gestión de riesgos de catástrofes del gobierno, que permitirá al país mantener sus programas de desarrollo y movilizar otras fuentes de financiamiento para enfrentar emergencias.

Estos recursos son indispensables para mantener el empleo y los avances en materia social, impulsar los programas del sector públicos actualmente en ejecución y dar liquidez a los países cuando la necesiten.

Los principales prestatarios durante el ejercicio pasado fueron Brasil, Colombia y México, en los que se aprobaron 18 nuevos proyectos en áreas como cambio climático, educación, transporte y salud. De hecho, los sectores de transporte, administración pública, legislación y educación fueron los que recibieron la mayor cantidad de fondos en la región. Por su parte, el financiamiento para agricultura aumentó en 300% en comparación con el año anterior y el destinado a proyectos de energía, en 1.200%.

La estrategia del Banco Mundial para América Latina y el Caribe se basa en cuatro pilares fundamentales:

• Fortalecer el crecimiento y la creación de empleo
• Promover la igualdad de condiciones otorgando más oportunidades a todos los ciudadanos
• Fortalecer las instituciones y el buen gobierno
• Brindar apoyo la agenda global (en temas como cambio climático, comercio, energía y migración)

El Banco adaptó su estrategia regional para satisfacer las necesidades de los países de la región, que son cada vez más diversas y complejas. En los países de ingreso mediano, ofrece un conjunto integrado de servicios, como análisis y asesoría, diálogo con el país, nuevos productos financieros y asistencia en la ejecución de los proyectos financiados. En los países de ingreso bajo, proporciona financiamiento en condiciones concesionarias, coordinación entre los donantes y apoyo especializado a los estados frágiles.

La región de América Latina es una región de ingreso mediano, por lo que sus países requieren de servicios y mecanismos de financiamiento que no forman parte de la cartera convencional de la región. Por esta razón, el Banco ha creado varios programas innovadores que atienden mejor las necesidades, cada vez más sofisticadas, de estos países. Destacan entre ellos los siguientes:

• Un préstamo de US$1.300 millones a Brasil para el Primer préstamo para políticas de desarrollo destinado a la Gestión ambiental sostenible
• Un préstamo de US$1.000 millones a México para ampliar el acceso a vivienda a los grupos de ingreso bajo.
• Un préstamo para políticas de desarrollo de US$501,25 millones para respaldar la estrategia nacional contra el cambio climático de México.
• Y otro préstamo de US$401 millones para el Proyecto de políticas de desarrollo para la sostenibilidad ambiental de ese país.
• Un préstamo de US$330 millones para fortalecer el nuevo Ministerio del Medio Ambiente de Perú y para mejorar la gestión ambiental en sectores clave de la economía peruana.
• Un préstamo de US$100 millones para lanzar un bono público en pesos uruguayos. Este es el primer préstamo que ha emitido la institución en garantía de otro préstamo específico.

Los países de la región hoy se posicionan como actores clave en temas de inquietud mundial y el rol del Banco es respaldar sus iniciativas asociándose con ellos en plataformas innovadoras que fomenten el diálogo informado y la acción en terreno, así como apoyar la cooperación Sur-Sur.

En diciembre, la oficina del Economista jefe publicó su informe anual emblemático titulado “Desarrollo con menos carbono: Respuestas latinoamericanas al desafío del cambio climático”. Fue lanzado simultáneamente el 10 de diciembre de 2008 en Washington, D.C. y Poznan, Polonia, donde se celebraba la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

El informe destaca que ALC puede convertirse en una factoría de soluciones para la mitigación del calentamiento global y la adaptación a los efectos del cambio climático. La región puede combinar distintas estrategias de crecimiento económico al tiempo que adopta un rumbo hacia el desarrollo con un bajo nivel de emisiones de carbono. Esta estrategia irá en directo beneficio de la competitividad de la región, en particular si los países industrializados también avanzan hacia tecnologías con baja intensidad de carbono.

La región ya ha experimentado con tecnologías y enfoques destinados a reducir las emisiones:

• En México, la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2007 adopta objetivos voluntarios de largo plazo. En el sector energético, la estrategia identifica un potencial de mitigación total de 107 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en 2014, equivalentes a una reducción de 21% respecto de un escenario sin cambios durante los próximos seis años.
• Brasil avanza hacia la independencia energética a través de un fuerte aumento de las fuentes de energía alternativas (energía hidroeléctrica, etanol y biodiesel). Su producción de etanol extraído de la caña de azúcar es sostenible tanto en términos financieros como ambientales y no contribuye al desvío de tierras destinadas a los cultivos alimentarios.
• Hoy en docenas de ciudades de la región se ejecutan políticas de transporte público favorables con el medio ambiente que primero se ejecutaron en Curitiba (Brasil) y posteriormente se replicaron a mayor escala en Bogotá (Colombia).
• Costa Rica recibió reconocimiento mundial por sus esfuerzos para fijar un valor financiero a la preservación de los ecosistemas a través de varias iniciativas de “pago por servicios ambientales”.
• Argentina avanza con sistemas de energía renovable en zonas rurales, que proporcionan electricidad confiable a precios que están al alcance de las comunidades e inciden positivamente en la productividad y el empleo en el campo.

El informe a su vez señala que muchas de las inversiones en soluciones beneficiosas para todas las partes que pueden reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero hoy en día tienen importantes beneficios derivados: i) la eficiencia energética permite ahorrar dinero; ii) la reducción de la deforestación produce beneficios sociales y ambientales; iii) el mejoramiento del transporte público disminuye la congestión y la contaminación, lo que tiene un efecto positivo en la salud, la productividad y el bienestar general; iv) la ampliación del sistema de electrificación fuera de la red con energías renovables beneficia a las poblaciones rurales que no tienen suministro eléctrico, y v) las prácticas agrícolas con bajas emisiones de carbono mejoran la productividad.

En octubre de 2008, 100 legisladores y ejecutivos de las principales empresas de energía de los países de ALC, así como representantes de los países que componen el Grupo de los Ocho, se reunieron en Ciudad de México y decidieron que los esfuerzos tendientes a resolver la crisis financiera mundial deben ser sostenibles en términos económicos y ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 80% antes de 2050 respecto de los niveles de 1990. La reunión, organizada por el Congreso de México y copatrocinada por el Banco Mundial y la organización Global Legislators’ Organization (GLOBE), fue la primera en que legisladores de todo el continente se reunieron específicamente para abordar y acordar medidas para frenar el cambio climático.

Las conversaciones continuaron en marzo de 2009 en Washington, D.C., cuando los legisladores, con la participación de importantes parlamentarios de Estados Unidos, crearon la Comisión Internacional sobre Cambio Climático y Seguridad Energética. En este contexto informal organizado por el Congreso de Estados Unidos, los parlamentarios debatieron sobre los verdaderos pactos políticos que será necesario concretar a fin de elaborar el documento que sucederá al Tratado de Kyoto. Los parlamentarios, entre los que se contaban el diputado Antonio Palocci, ex Ministro de Hacienda de Brasil; la senadora Serys Slhessarenko, Vicepresidenta del Senado de Brasil; y el diputado José Luis Espinosa Piña, Vicepresidente del Congreso mexicano, instaron a los miembros del Grupo de los 20 a asignar y vincular cualquier medida de estímulo económico con proyectos de baja intensidad de carbono.