3 de noviembre de 2007: el fin de una afiliación 
¿Qué es el CIADI? Es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (ICSID, por sus siglas en inglés). Se trata de un organismo que si bien integra el Grupo Banco Mundial, es totalmente independiente del mismo. ¿Qué hace? Es un servicio de arbitraje puesto a disposición de gobiernos e inversionistas a fin de que resuelvan sus discrepancias sin tener que encarar un juicio. El CIADI funciona como mediador entre partes. Cuando se presenta una diferencia de criterios, las partes en litigio pueden acudir a él. Allí, los interesados nombran a tres mediadores o facilitadores del diálogo, quienes se encargan de estudiar y sugerir posibles arreglos. Se trata de funcionarios independientes, designados de común acuerdo por las partes. No son empleados del Banco Mundial. Bolivia firmó el Convenio del CIADI el 3 de mayo de 1991 y lo ratificó a través de la Ley 1593, el 12 de agosto de 1994. El acuerdo entró en vigencia a partir del 23 de julio de 1995.
Bolivia solo tiene un caso pendiente en el CIADI Bechtel El 25 de febrero de 2002, Bolivia fue demandada ante el CIADI por Bechtel, empresa que formó parte del consorcio Aguas del Tunari. El argumento usado fue el de "lucro cesante" y exigía del Estado boliviano una compensación de entre 25 y 100 millones de dólares tras haber operado solo 7 meses en la ciudad. Esto ocurrió después de la llamada “Guerra del Agua” en la que se expulsó a la empresa de Cochabamba tras un alza de tarifas. Al final, gracias a las tratativas operadas dentro del CIADI, el 19 de enero de 2006, Bechtel vendió sus acciones al gobierno de Bolivia por menos de un dólar, lo cual muestra que fue un arreglo amistoso entre partes. Conozca la resolución para este caso Quiborax El 6 de febrero de 2006, la empresa chilena Quiborax presentó otra demanda contra Bolivia ante el CIADI. Desde diciembre de 2007, el grupo de árbitros está conformado por el suizo Gabrielle Kaufmann-Kohler, el canadiense Marc Lalonde, que es el nominado por la empresa, y la francesa Brigitte Stern. Este es el único caso pendiente para Bolivia en este momento. Quiborax, accionista de la empresa boliviana Non Metallic Minerals SA, demandó al país por la anulación de su concesión para la explotación de ulexita y otros minerales no metálicos en el Salar de Uyuni. Su contrato fue anulado por el gobierno de Carlos Mesa el 23 de junio de 2004. Non Metallic fue denunciada por las organizaciones sociales por sobreexplotar las reservas, lo cual supuestamente atentaba contra el medio ambiente, y por varias irregularidades de la concesión. Non Metallic argumentó que el gobierno boliviano obstaculizó la libre administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, transferencia, venta y liquidación de su inversión de tres millones de dólares a través de medidas injustificadas y discriminatorias, violando las cláusulas del Tratado Bilateral de Inversión (BIT) entre Bolivia y Chile. El 26 de abril de 2006, el gobierno boliviano creó el Consejo de Nacional de Defensa Legal del Estado Boliviano que tiene bajo su responsabilidad hacer seguimiento del caso. Más adelante este organismo fue convertido en un ministerio. En la nueva Constitución boliviana se ha previsto la creación de una Produradoría para defender los intereses del Estado. El 15 de septiembre de 2009, Quiborax ha pedido la aplicación de medidas provisionales contra el Estado boliviano, demanda que está siendo analizada. Entel El 29 de abril de 2007, el gobierno de Evo Morales decidió denunciar el convenio del CIADI. Así, el 2 de mayo de 2007, envió una carta al CIADI solicitando su salida del organismo. De acuerdo a las normas convenidas, la salida de Bolivia del CIADI se cumplió el pasado 3 de noviembre. Sin embargo, antes de que ello ocurriera, el 12 de octubre, la empresa ítalo-holandesa Euro Telecom (ENTEL para Bolivia) presentó una queja contra el país, que tendrá que ser procesada por haberse presentado antes de la salida efectiva del país. El primero de mayo de 2008, el gobierno boliviano decidió nacionalizar esta empresa, lo cual tiene inmediatas repercusiones sobre las formas que irá adoptando este caso. En julio de 2008, Euro Telecom solicitó al CIADI la designación de árbitros con la intención de proseguir el proceso. De su parte, nominó al profesor chileno Francisco Vicuña Orrego. Bolivia ha designado a Philip Joseph Sands, profesor en derecho internacional de la Universidad de Londres y representante legal de Ecuador en el caso de la fumigación con herbicidas ejercida por el gobierno de Colombia en su frontera sur. Ambas partes, Bolivia y Eurotelecom, eligieron al alemán Bruno Simma como tercer árbitro. Los tres se ocupan de abordar el caso. En la primera sesión, celebrada en La Haya, Holanda, el 16 de diciembre de 2008, Bolivia cuestionó la potestad del CIADI para abordar el caso. Ante tal cuestionamiento básico, se decidió usar las sesiones de 2009 para tomar una decisión al respecto. Es así que el 21 de octubre de dicho año este arbitraje se dio por concluido a pedido de la parte demandante, la cual decidió abordar su pedido desde otra instancia internacional. Cabe agregar que el 14 de octubre de 2009, Eurotelecom presentó otra demanda similar de arbitraje ante el comité ad hoc de Naciones Unidas, por lo que puede suponerse que ha decidido traspasar el asunto del CIADI a dicha instancia.
Los críticos del CIADI han expuesto los siguientes argumentos en su contra: Sus fallos serían definitivos, es decir, no habría apelación. No sería neutral. De 232 casos, 230 habrían sido a favor de las empresas contra los Estados. La injerencia del CIADI contradice la Constitución Política del Estado de Bolivia (artículo 135) y el Tribunal Constitucional ya lo declaró incompetente. En el organismo sólo presentarían demanda las empresas. Sus metodologías serían arbitrarias y poco claras. No acepta audiencias con peticionarios externos. Se reuniría a puertas cerradas. La defensa de los Estados en esta instancia resulta ser muy costosa, dada la necesidad de contratar abogados en Estados Unidos.
Sin embargo, la práctica ha demostrado que en el caso de Bolivia, de los 3 casos existentes, uno ha sido a favor del Estado, otro ha concluido sin generar mayores efectos a favor de nadie y otro aún está siendo procesado. El gobierno boliviano ha designado a María Cecilia Rocabado como ministra encargada de la defensa legal de las empresas recuperadas por el Estado. Rocabado está desarrollando una estrategia para defender los intereses del país en éste y otros casos similares. La salida de Bolivia del CIADI es una decisión soberana que el Banco Mundial respeta. El paso no ha significado ningún distanciamiento y tampoco afecta la normal cooperación entre ambos. Argumentos contra el CIADI Más sobre el CIADIl
Más sobre el tema A Venezuela, el CIADI sí le fue útil (www.venezuela.org.cn).- marzo, 2007. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington D.C., Tribunal Arbitral adscrito al Banco Mundial, emitió sentencia a favor de la República Bolivariana de Venezuela liberándola del pago de indemnización en el proceso seguido por la sociedad Mercantil del Reino de los Países Bajos I & I Behee B.V contra ese país por un monto de US$ 324.000.000,00. ¿Con qué organismo podría reemplazarse al CIADI? Quito (EFE).- La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) será el organismo que dirima las disputas energéticas en la región en reemplazo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dijo ayer el titular de Minas y Petróleos de Ecuador, Galo Chiriboga.
El acuerdo se alcanzó durante el I Consejo Energético de Suramérica que se celebró en Caracas y al que asistieron ministros de energía y petróleo de 12 países.
Afirmó que con la Unasur, cuya acta constitutiva está previsto que se firme el 23 de mayo de 2008 en una cumbre presidencial en Brasilia, “los países de América Latina recuperan la soberanía jurídica”. Ecuador triunfa en cinco ocasiones Enero de 2009. El Ecuador redujo el monto de las demandas económicas exigido por cuatro inversionistas extranjeros en cortes extranjeras en el 2008. Mientras estas firmas pretendían recibir USD 941 millones, el Estado pagó USD 149 millones. Esto gracias a que tuvo resultados positivos en cinco casos. El Estado llegó a un arreglo negociado con las empresas City Oriente y Machala Power para archivar sus demandas. Además, se archivaron los casos con la firma española Técnicas Reunidas y las petroleras Petrobras y Repsol. Estas dos últimas llegaron a un acuerdo con el Estado para mejorar la situación de sus contratos en el país. Para el Estado, la evaluación es positiva. "A finales del año pasado tuvimos bajo control todos los procesos instaurados en contra del Ecuador, todos tienen asignados sus abogados y pudimos cumplir con las obligaciones que esos procesos nos han impuesto. Es decir, contestaciones, alegatos, audiencias, con un contenido suficientemente sólido como para hacer una defensa adecuada", consideró el procurador general del Estado, Diego García. Pero el Estado sufrió dos reveses. Perdió en el caso planteado por Duke Energy por el pago de energía vendida. Aunque para García se trata de una derrota parcial. Según dice, la firma exigía un pago de USD 25 millones, el tribunal arbitral resolvió que el país cancele a Duke USD 5 millones. "Se pagó (a Duke) USD 10 millones (incluye intereses). Si nos hubiese condenado a pagar el valor exigido por Duke la factura para el Estado habría llegado a USD 50 millones, considerando intereses", explicó el abogado. El Estado también perdió la primera batalla dentro de la millonaria demanda planteada por la petrolera estadounidense Occidental. Esto debido a que el tribunal que ventila el caso señaló que tenía competencia para tratar el tema. El Estado pedía que el caso se trate en cortes ecuatorianas. El reclamo de la petrolera sobre la decisión del país de terminar de manera unilateral su contrato para operar el bloque 15 continuará este año. El experto en arbitrajes Diego Ramírez destacó como relevante que el Ecuador llegó en algunos casos a acuerdos con las empresas para desestimar sus demandas y están en camino otros acuerdos. "Es importante que por esa vía se solucionen los conflictos", indicó. No obstante, mira con preocupación que se hayan presentado nuevas demandas en el 2008, lo que complica la defensa del país. El Estado cerró el año con un total de 10 demandas en su contra de empresas en cortes internacionales por USD 12 573 millones. Este monto es superior al Presupuesto del Estado para el 2008, que fue aprobado en un total de USD 10 357 millones. De la suma de reclamos, siete de ellos se resuelven en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un centro adscrito al Banco Mundial (BM). Y tiene también tres notificaciones antes de la presentación de la demanda de las empresas Global Net, Ullyseas, Chevron Texaco. Esto convierte a Ecuador en el segundo país, luego de Argentina, con el mayor número de demandas en ese centro de arbitraje. Al país le espera una agenda complicada para este año, reconoce el procurador García, pero espera que se puedan archivar este año, al menos, cuatro demandas de compañías petroleras con las que el Estado negocia un acuerdo amistoso. Estas son Murphy, Burlington, Perenco y Repsol, que todavía no presentan la cuantía económica de sus reclamos contra el Fisco. De ahí que se prevé que las negociaciones sigan. Los casos energéticos más relevantes En junio pasado, Técnicas Reunidas retiró su demanda contra el país. La firma argumentó que expropió sus inversiones al retirar el contrato para rehabilitar la refinería de Esmeraldas. Petroecuador, en cambio, dijo que la firma incumplió con la obra. Las petroleras City, Repsol, Petrobras, Perenco, Murphy y Burlington sostenían que el Estado modificó sus contratos al introducir la Ley 42, que obligó a entregar al Fisco el 99% de ingresos extras. En agosto pasado, City Oriente acordó terminar por mutuo acuerdo su contrato.Duke exigió a Ecuador un pago de USD 25 millones, pero el tribunal resolvió que el país cancele USD 5 millones. La disputa surgió por la falta de acuerdo sobre el pago de energía vendida al Estado. Machala Power llegó a un acuerdo en diciembre último para que el Estado le cancele unas facturas pendientes por la venta de energía eléctrica El país terminó unilateralmente el contrato con Oxy, por transferir 45% de operaciones a EnCana sin autorización. Sostiene que el Estado expropió sus inversiones. La salida de Ecuador 30 de noviembre de 2007. La ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, y el vicecanciller Rafael Paredes informaron que el Gobierno de Ecuador notificó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) su no aceptación a someterse más a ese organismo. La notificación fue remitida sin señalar una fecha precisa. Desde ese entonces en adelante, ningún asunto en materia de inversiones y de recursos no renovables podrá ser puesto en consideración del Ciadi para la resolución de conflictos, precisó la ministra.Los funcionarios aclararon que la denuncia no tiene carácter retroactivo; por tanto, no se consideran demandas anteriores como la presentada por la empresa Burlington en contra del Estado, por la aplicación de la ley de reparto de los excedentes de la venta de petróleo. Paredes precisó que si no hay algún tipo de instrumento (en algún convenio) donde se fija una especificidad respecto a la anticipación de la denuncia de jurisdicción, esta es inmediata.Con ello aclaró las declaraciones del ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, quien indicó que para su aplicabilidad, la denuncia debe hacerse con un año de anticipación. Ecuador logra triunfo parcial en el CIADI Agosto 2008.- Ecuador deberá cancelar 5 y no 25 millones de dólares a la compañía estadounidense Duke Energy, según una resolución en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), publica el diario El Comercio. Añade que la resolución en el organismo adscrito al Banco Mundial tuvo lugar el pasado 18 de agosto de 2008, pero se conoció esta semana. "Pese a que el laudo no fue favorable al país, tampoco dio la razón por completo a la compañía", añade al asegurar que Ecuador logró reducir en un 80 por ciento el monto exigido por la estadounidense. Aunque en principio Duke exigía a Ecuador un pago de 25 millones de dólares el tribunal resolvió que Ecuador debe cancelar sólo 5 millones de dólares. La disputa surgió por la falta de acuerdo entre el Ecuador y Duke Energy, matriz de la empresa térmica Electroquil, con presencia en el país, sobre el pago de una factura pendiente por la energía vendida al Estado. El Estado trató de evitar que el tema llegara al Ciadi y buscó un acuerdo con la compañía, pues la empresa también tenía una deuda con el Estado, que las autoridades exigían que se cancele, agrega el diario. Las partes no llegaron a un acuerdo sobre el monto que se debía pagar, lo que llevó a Duke a presentar una demanda en el Ciadi en el año 2004. Esgrimiendo incumplimiento de contrato, en un inicio la compañía solicitaba a Ecuador el pago de las facturas no canceladas por parte de las distribuidoras eléctricas de propiedad del Estado, por un monto de 7,8 millones de dólares. Pero Duke amplió su demanda e incluyó argumentos sobre una supuesta violación al Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos, lo que elevó su demanda hasta 25 millones de dólares. Ecuador enfrenta, además, otras ocho demandas en el Ciadi y tres adicionales en otras cortes extranjeras. Entre ellas se encuentra el caso planteado por la petrolera Occidental, que demandó al país por 3.200 millones de dólares. Sin contar con la demanda de Duke Energy, los arbitrajes en contra del país suman 12.944 millones, recuerda el diario. |
