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Más allá de la ciudad: la contribución del campo al desarrollo
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Comunicado de prensa No:2005/321/ALC
Washington, a 14 de febrero de 2005— Los países de América Latina y el Caribe necesitan invertir más y mejor en las comunidades rurales ya que la contribución económica del campo al desarrollo nacional es el doble de lo que sugieren las cifras oficiales, señala un nuevo informe del Banco Mundial difundido hoy aquí.
Más allá de la ciudad: la contribución del campo al desarrollo es la principal investigación sobre América Latina y el Caribe que el Banco Mundial presenta este año, y estuvo elaborada por un equipo de investigadores encabezado por Guillermo Perry. El informe evalúa los efectos del sector rural sobre el crecimiento nacional, la reducción de la pobreza y la degradación medioambiental tanto en las áreas rurales como en el resto de la economía, así como las políticas públicas que pueden aumentar su aporte al desarrollo nacional en su conjunto.
"La contribución del campo al desarrollo en América Latina y el Caribe es mayor de lo que comúnmente se cree", dijo Guillermo Perry, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe y coautor del estudio. "La mayoría de los países de la región no ha logrado ofrecer una combinación adecuada de políticas públicas en el campo como sería lo deseable tanto desde una perspectiva de reducción de la pobreza como de crecimiento".
Según el estudio, mientras las actividades rurales de recursos naturales sólo conforman el 12 por ciento del PIB regional, su efecto sobre el crecimiento nacional y la reducción de la pobreza es casi el doble debido a sus vínculos crecientes con otras actividades económicas y su aporte significativo a las exportaciones. Por ejemplo, por cada uno por ciento de crecimiento del sector de recursos naturales rurales, hay un incremento de 0,22 por ciento en el PIB nacional y un aumento del 0,28 por ciento en los ingresos de las familias más pobres, lo cual representa más del doble del esperado aumento del 0,12 por ciento de acuerdo a la proporción del sector en el PIB.
Asimismo, la investigación encontró que la población rural en la región es, de hecho, 42 por ciento del total, casi el doble de la cifra oficial de 24 por ciento, cuando se mide según el criterio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el cual incluye densidad poblacional y distancia a las principales ciudades. Esto significa que problemas rurales como la pobreza son subestimados en gran medida y necesitan mucho más atención y políticas públicas adecuadas.
"La contribución rural al desarrollo de la región se ha visto entorpecida por una inversión insuficiente en servicios públicos", dijo Daniel Lederman, economista senior del Banco Mundial para América Latina y el Caribe y coautor del informe. "Las comunidades rurales enfrentan las tasas más altas de pobreza, falta de acceso a servicios públicos y mercados privados, y una infraestructura inadecuada que impide que alcancen su máximo potencial".
Cerca del 37 por ciento –unas 65 millones de personas—de los pobres en América Latina y el Caribe viven en áreas rurales, de acuerdo a definiciones oficiales. En algunos países como Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú, al menos el 70 por ciento de su población rural vive en pobreza, mientras en México cerca del 35 por ciento de la gente en el campo no percibe lo suficiente para adquirir la canasta básica de alimentos.
El estudio señala que el gasto público todavía tiende a beneficiar más a las actividades urbanas que a las rurales, y que el gasto público en el sector agropecuario es inferior a su aporte al desarrollo general, pero concluye que la composición del gasto rural es el verdadero problema.
Ello se debe a que una parte sustantiva del gasto rural adopta la forma de subsidios a grupos de productores específicos en vez de que se invierta en la provisión de bienes públicos como educación rural, salud y protección social, infraestructura rural, investigación y desarrollo, protección medioambiental y programas dirigidos a combatir la pobreza.
En el aspecto comercial, Más allá de la ciudad: la contribución del campo al desarrollo plantea que los países de América Latina y el Caribe se beneficiarán del aumento de la liberalización mundial y del acceso a mercados (reducción de la protección de las fronteras) en los bienes agropecuarios, pero que una reducción de los subsidios a productores en naciones industrializadas tendrían un impacto disparejo en la región.
De acuerdo al informe, mientras los exportadores agrícolas netos, especialmente aquellos del Cono Sur, se beneficiarían de una reducción de los subsidios en los países ricos, las naciones importadoras de alimentos en la región verían aumentar los precios. Para evitar este incremento a los consumidores pobres, los importadores netos necesitarían entonces reducir sus propios aranceles altos sobre dichos productos.
El estudio concluye que los países necesitan crear programas que apoyen la reestructuración de sus pequeños productores en aquellos sectores de importación que no tienen la capacidad de competir incluso con una reducción de los subsidios en los países ricos. Idealmente, estos programas debieran combinar transferencias temporales de ingresos con apoyo técnico y un mejor acceso al crédito y servicios.
"El desafío para América Latina y el Caribe es cómo sacar provecho de los sectores agropecuarios más dinámicos mientras se ayuda a los más vulnerables con programas especiales de reestructuración y de combate a la pobreza", dijo Perry.
El estudio también enfatiza la necesidad de unamejor integración de las políticas sectoriales y regionales ya que la pobreza en la áreas rurales no está asociada únicamente a la agricultura como tal sino a regiones específicas, como es el caso del sur de México, el noreste de Brasil o la costa caribeña de Colombia, y al hecho de que casi la mitad de los ingresos rurales proviene de actividades no agropecuarias.
El informe señala que el éxito en reducir la pobreza de las regiones marginadas dependerá de la capacidad tanto de los gobiernos centrales como locales de trabajar con las comunidades en la identificación de oportunidades económicas y obstáculos, y de equilibrar las necesidades locales con los intereses nacionales. En algunos casos se requerirá una evaluación apropiada de los servicios medioambientales y el diseño de fórmulas efectivas e innovadoras para que las comunidades nacionales y globales puedan pagar por ellos de un modo adecuado.
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