Reforma judicial

Durante las últimas dos décadas, los procesos de reforma judicial han pasado a tener un papel clave en la agenda de desarrollo. La experiencia indica que el desarrollo sostenible de un país depende de un sistema judicial efectivo que pueda garantizar el cumplimiento de la ley.

Un sistema judicial eficiente apoya la protección de los derechos humanos y los derechos de propiedad, promueve el respeto por la diversidad cultural, facilita la resolución pacífica de las controversias y permite que los gobiernos respondan ante la sociedad por sus acciones. Asimismo, garantizando la aplicación justa de la ley y el cumplimiento de las decisiones judiciales, se promueve la inversión, el desarrollo del sector privado y la competitividad, avanzando en el desarrollo económico del país. Debido al gran número de instituciones que engloban el sistema judicial de un país, el proceso de reforma requiere una estrategia que promueva la participación y el diálogo.

Qué está haciendo el Banco Mundial en esta área

El Grupo de Sector Público (en coordinación con el
Grupo de Gobernabilidad del Banco Mundial, el Departamento Legal, el Departamento Legal de Latinoamérica y el Caribe, el Instituto del Banco Mundial y otros socios), consciente de la complejidad y del carácter a largo plazo de este proceso de reforma, está utilizando diferentes iniciativas (investigación, difusión del conocimiento y proyectos) para mejorar la acción de las instituciones judiciales en Latinoamérica y el Caribe.

Aunque no hay duda de que las estrategias para la reforma judicial difieren claramente de un país a otro, algunos de los elemento esenciales son: (a) mejorar las políticas, normas y procedimientos; (b) fortalecer la capacidad del poder judicial y sus instituciones para mejorar la eficiencia; (c) capacitación profesional de jueces, personal administrativo y otros empleados del sector judicial, para incrementar la calidad del servicio; (d) promover la independencia, transparencia y la respuesta ante la sociedad del poder judicial; (e) incrementar el acceso y la participación de los ciudadanos en el sistema judicial y (f) mejorar los mecanismos de resolución de conflictos.

Adicionalmente, las iniciativas de reforma están teniendo como objetivo las instituciones subnacionales, intentando responder a las necesidades y capacidades a nivel local.

Los retos del futuro

Aún cuando muchos de los resultados de las recientes iniciativas son prometedores, el Grupo de Sector Público ha identificado varios retos en esta área.

Debido a la naturaleza intrínseca de la reforma del poder judicial, los intereses del gobierno y de éste poder deben alinearse para conseguir la reforma. Asimismo, un mayor número de estudios y estadísticas debe ser desarrollados, analizando factores como quién acude al poder judicial y porqué razón, de manera que puedan definirse correctamente las reformas que deben involucrar reforma de los tribunales y de los procesos administrativos, con una mayor énfasis en la oferta y la demanda de estos servicios. Adicionalmente, aprender de las lecciones del pasado deben ser un proceso permanente del proceso de reforma, de manera que la correcta evaluación, incentivos y resultados se conviertan en los mecanismos para que el poder judicial responda ante la sociedad por su trabajo. Finalmente, el proceso de reforma debe ser sostenible y evidenciar un compromiso a largo plazo de los actores políticos principales en el gobierno en los tres poderes. La experiencia ha demostrado que las iniciativas de reforma son más exitosas cuando se dirigen a todos los elementos del sistema judicial, promoviendo la participación de los distintos actores, siguen secuenciamiento adecuado y se acomodan a la realidad local.



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