Banco Mundial aprueba US$62,3 millones para la administración de tierras en Guatemala

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Comunicado de prensa Nº:2007/179/ALC

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WASHINGTON, 14 de diciembre de 2006 – El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó hoy un préstamo por US$62,3 millones para mejorar la seguridad en la tenencia de la tierra y fortalecer el marco normativo e institucional de los servicios de registro y catastro de tierras en Guatemala.

 

Una mayor seguridad en la tenencia de la tierra, en especial en las zonas rurales, es fundamental para el crecimiento de Guatemala”, señaló Jane Armitage, directora del Banco Mundial para América Central.Debido a que la falta derechos de propiedad seguros dificulta las inversiones e incentiva los conflictos, una mejor administración de las tierras permitirá que los guatemaltecos consoliden sus derechos de propiedad y utilicen su propiedad a fin de movilizar financiamiento para inversiones a largo plazo”, agregó.

 

La tierra es uno de los recursos más importantes de Guatemala, pero la tenencia de la tierra con frecuencia es insegura debido a la información legal (certeza de ser propietario legítimo) y de catastro (descripción geográfica exacta de un lote) poco confiable, la falta de coordinación entre las instituciones a cargo de la administración de tierras y los mecanismos de resolución de conflictos deficientes. Este problema reviste especial gravedad en las zonas rurales, donde se estima que 40% de los lotes rurales no está registrado.

 

El objetivo del Segundo Proyecto de Administración de Tierras, que apoya la segunda de tres fases de el Programa de Administración de Tierras, es avanzar en el proceso de lograr seguridad en la tenencia de la tierra en siete nuevos departamentos (Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Escuintla, Izabal, Sacatepequez y Zacapa) y en el municipio de Palachum que pertenece al Departamento de Quiché, a través de la entrega de servicios de catastro y de administración de tierras que sean eficientes y accesibles. Esta cobertura geográfica representa alrededor del 22% del territorio del país, de manera que entre las fases I y II del proyecto se cubre cerca de 50% del territorio.

 

Específicamente, el proyecto financiará las siguientes actividades:

 

  • Ejecutar los procesos de catastro en 55 municipios de ocho departamentos a través de enfoques participativos y el fortalecimiento de las capacidades a nivel local. Este componente incluye el diagnóstico socioeconómico y la investigación de registros para comprender el sistema  de tenencia de la tierra y apoyar las actividades sobre el terreno, la comunicación social, las actividades geodésicas y de cartografía, los reconocimientos topográficos sistemáticos de lotes, la resolución de conflictos donde sea necesario, el análisis de la información legal y de catastros y la entrega de títulos legales por las propiedades.
  • Definir los límites de los municipios y las zonas públicas y protegidas demarcadas, como asimismo las zonas de interés cultural y arqueológico que requieren protección especial.
  • Formar la capacidad local para coordinar el proceso de catastro y de regularización en cada municipio. Este componente apoyará el reconocimiento topográfico para mantener la información del catastro actualizada e incorporarla a las iniciativas de desarrollo local y de planificación territorial.
  • Fortalecer el marco legal y la capacidad institucional de las instituciones involucradas en los procesos de catastro y de regularización de tierras, incluido el Registro de Información Catastral, de modo que pueda ejecutar en forma eficiente y efectiva sus deberes y mandatos legales, especialmente en relación a su coordinación con el Registro General de la Propiedad para poner en marcha el sistema de Registro de Catastros.

“El proyecto desarrollará servicios locales de administración de tierras que sean más equitativos y accesibles a los más pobres de las zonas rurales y urbanas”, indicó Frederic de Dinechin, gerente del Banco Mundial para el proyecto. “Esto debe lograrse a través de un proceso participativo a fin de asegurar una  amplia participación que incluya a los grupos históricamente desaventajados, como las mujeres, las comunidades indígenas y los descendientes de africanos”.

 

La primera fase del proyecto, que se está ejecutando desde julio de 2000 y que se calcula finalizará en marzo de 2007, incluyó al Departamento de El Petén con un costo de US$38 millones (de los cuales el Banco Mundial aportó US$31 millones). Hasta ahora, el proyecto ha sido ejecutado con éxito y permitido establecer las bases institucionales y legales para la expansión del programa en el marco de la segunda fase.

 

El nuevo préstamo de margen fijo por US$62,3 millones contempla un período de reembolso de 16 años y un período de gracia de seis años. La segunda fase del proyecto se ejecutará en el transcurso de seis años.

 

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