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CIUDAD DE MÉXICO, a 21 de agosto de 2006.-    Si bien en los últimos doce años México ha reorganizado y descentralizado algunos de sus programas gubernamentales, el país debe mejorar la calidad de los servicios y la rendición de cuentas, indicadores que aún son bajos si se consideran las normas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de niveles promedio en relación con América Latina, indica el estudio Descentralización y Entrega de Servicios para los Pobres, realizado por el Banco Mundial.

El documento es el tercer estudio sobre pobreza que el organismo realiza a solicitud de la administración del Presidente Vicente Fox y destaca que aún cuando la agenda de descentralización sigue incompleta y  lejos de concluir, algunos estados y municipios han avanzado en la implementación de las reformas de la década pasada y presentan mejorías en la práctica local.

“Para mejorar los efectos en la reducción de pobreza de los programas gubernamentales, éstos deberían centrarse en crear incentivos para aumentar la calidad de los servicios, facilitando el acceso a ellos por parte de los pobres y mejorando la transparencia sobre insumos y resultados”, dijo David Rosenblatt, Economista Líder del Banco Mundial para México y Colombia.

De acuerdo con el estudio, el proceso de descentralización ha tenido logros como un incremento importante de los recursos hacia los estados y municipios, mayor transparencia en fórmulas de asignación y reglas de operación de los programas, y ha mejorado la cobertura, la equidad y la focalización de los servicios en todos los sectores, en especial para la población más pobre. Pero aún se necesitan resolver problemas importantes de diseño, como cambiar el pacto fiscal para dar mayores incentivos para que los gobiernos locales otorguen servicios de mejor calidad y la profesionalización de los servidores municipales.

Aunque cerca de la mitad de los fondos programables del sector público pasan por los gobiernos estatales y municipales, el gobierno federal retiene la postura dominante sobre cómo se utilizarán los recursos descentralizados. Además, intereses poderosos como los representados por algunos sindicatos mantienen relaciones estrechas con el gobierno federal y prefieren no tener que tratar separadamente con los gobiernos de los estados.

En el sector educativo, el reporte diagnostica que la mayor cantidad de recursos se ha traducido en el incremento de la matrícula; que la cobertura universal ha mejorado su equidad; que algunos programas federales tratan de “empoderar” a los beneficiarios del servicio y que los sindicatos y los partidos políticos juegan un papel importante en la asignación de recursos.

Sin embargo, el sector enfrenta serios retos como la baja calidad y cobertura para la población pobre en secundaria. Aun cuando ha contribuido a mejorar el acceso escolar para los pobres rurales, la acelerada expansión del sistema de telesecundaria es preocupante, pues los estudiantes de este sistema muestran un bajo nivel de aprovechamiento. De acuerdo con el documento, también es necesaria una mejor división del trabajo entre la federación y los actores locales. Incluso sin la aplicación de reformas profundas, señala, puede haber avances a través del fortalecimiento de la evaluación y las pruebas.

En el campo de la salud, el estudio indica que algunos indicadores como la esperanza de vida y la mortalidad infantil han mejorado en la última década, pero los niveles de mortalidad materna se mantienen altos al grado de que resulta poco probable que México cumpla con el Objetivo de Desarrollo del Milenio en ese rubro.

Señala que en México el sector salud es complejo por su fragmentación. Existe una baja calidad y utilización de los servicios, así como una alta incidencia de gastos catastróficos, sobretodo entre la población más vulnerable. Si bien el Seguro Popular ha incrementado significativamente sus recursos, es necesario reforzar los incentivos para mejorar la calidad de los servicios y fortalecer el marco de   rendición de cuentas.

En cuanto al Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS), el tercer fondo descentralizado en tamaño, el análisis indica que cuenta con un diseño racional desde la perspectiva de la descentralización y reducción de la pobreza y que los gobiernos locales y partidos políticos juegan un papel importante en la planeación y asignación de recursos. Existe poca información sobre el impacto de los recursos y requiere algunas reformas institucionales como fortalecer la profesionalización local.

En el caso de los programas orientados a la producción en zonas rurales, la inversión es alta, pero no se destaca por su eficacia debido a la proliferación de programas federales segmentados sin coordinación, así como a la falta de responsabilidades políticas claras con respecto al desarrollo rural, sin olvidar una serie de problemas relacionados con el diseño y aplicación de los programas.

De acuerdo con el reporte, uno de los problemas con el Programa de Desarrollo Rural de Alianza para el Campo es que se concentra en los pequeños agricultores, quienes ya tienen acceso a algunos activos productivos y con ello son más ricos que la población rural más pobre de México, por lo que no está diseñado para llegar a las familias rurales más pobres.