Perú es el segundo productor de plata, el tercero de zinc, el cuarto de plomo, el quinto de cobre y el sexto de oro. A pesar de contar además con otros recursos naturales, como gas natural, pesquería y recursos forestales, el Perú continua siendo un país pobre. Más aún, el sector minero se caracteriza por la falta de confianza entre sus principales actores y es propenso a ser escenario de conflictos sociales.
Dicho contexto hace que la industria minera sea tanto fuente de esperanza como su propia víctima. Desde un punto de vista macroeconómico, la minería es extremadamente importante ya que aporta el 57 por ciento del total de las exportaciones peruanas y del 6,6 por ciento del Producto Nacional Bruto, según cifras de 2003.1 Desde 1992, el sector minero ha atraído más de US$10.000 millones en inversiones locales e internacionales. Así mismo, entre 2001 y 2003, la minería aportó el 37 por ciento de la inversión extranjera total realizada en el Perú. A pesar de ser una industria intensiva en capital, la minería genera empleo directo a más de 70.000 personas, e indirectamente a más de 350.000 personas, sobre todo en las áreas rurales más pobres del Perú. Impulsada por el proceso de privatización y otras reformas emprendidas en la década de1990, la minería es un sector que sobresale por su rápido crecimiento. En los últimos 10 años, mientras que el crecimiento del PIB en promedio se situaba alrededor del 4 por ciento anual, el sector minero creció en promedio del 10 por ciento. Se espera un mayor crecimiento con base en una serie de nuevos e importantes proyectos que llevarían la tasa de crecimiento promedio al 6,6 por ciento en el período 2005-2007.
Sin embargo, las expectativas creadas por dicho desarrollo, son interrumpidas por el daño al medio ambiente, por un lado, y por las limitaciones en el uso y distribución de los ingresos de la minería, por el otro. Ambos hechos están exacerbando conflictos sociales hasta el punto en que podrían desalentar a los inversionistas o retrasar el inicio de nuevos proyectos. El propósito de este informe es proporcionar al Gobierno del Perú (GdP) con un análisis técnico y un marco de diferentes alternativas que le pueden otorgar una mayor capacidad para enfrentar el impacto de las operaciones mineras sobre el ambiente y la sociedad. El informe se basa en una revisión bibliográfica, estudios de campo y consultas con agentes clave con el propósito de identificar los temas ambientales y sociales fundamentales que enfrenta el sector minero. Estas fuentes han contribuido a definir el alcance y estructura del informe dando como resultado que el mismo se concentre⎯ con la aceptación del GdP⎯ en cuatro áreas prioritarias interrelacionadas, a saber: los actuales impactos perjudiciales de las anteriores operaciones mineras y de fundición, que denominaremos pasivos ambientales de la minería o PAMs (Capítulo 2); la gobernabilidad ambiental del sector minero (Capítulo 3); la capacidad y el marco para tratar los problemas sociales desencadenados por las operaciones mineras (Capítulo 4); y la transparencia y racionalidad en la asignación y uso de los recursos generados por la minería (Capítulo 5).
Publicación de interés:
Análisis Ambiental del Perú: Retos para un desarrollo sostenible
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