La informalidad laboral puede conducir a un equilibrio social en el que muchos trabajadores quedan sin ningún tipo de protección ante situaciones inesperadas relacionadas con la salud y el empleo, y ante la pobreza cuando son ancianos, indica el estudio La informalidad: escape y exclusión, realizado por el Banco Mundial.
Sólo en América Latina y el Caribe, el empleo informal (definido con el criterio de no estar registrado con la seguridad social) asciende a 57% en las zonas urbanas, y comprende dos grupos: el de los trabajadores informales independientes, a los que corresponde 24% del total del empleo urbano, y el de los trabajadores informales asalariados, con un 33% del empleo total urbano y más de la mitad de todo el trabajo informal, en ambos casos, porcentaje que varía de país en país.
El estudio explica que la informalidad laboral ha mostrado una tendencia ascendente preocupante durante la década de los 90 debido a diversos factores. En algunos países por una mayor incidencia de los impuestos laborales, del salario mínimo, o de la legislación sobre seguridad social, la expansión de planes de protección social que no exigen contribuciones a los trabajadores informales y que no están bien articulados con los esquemas contributivos tradicionales. En otros, por políticas macroeconómicas inadecuadas que estimularon la expansión en sectores con mayor propensión a la informalidad, por el uso de contratos temporales y el debilitamiento de la fiscalización de la ley laboral e impositiva, y, en menor medida, al impacto de las reformas comerciales y al incremento en la participación laboral de la mujer.
De acuerdo al estudio, la informalidad ha suscitado una atención cada vez mayor como una posible barrera al crecimiento y al bienestar social que revela fallas institucionales y deteriora la integridad de las sociedades en la región. Esta situación podría subsanarse si los encargados de formular políticas adoptaran un enfoque integral que favorezca el aumento de la productividad agregada y mejore los incentivos para la formalidad implícitos en las regulaciones de negocios, impositivas, laborales, en la seguridad social y los programas de protección social; y, avanzaran en el proceso de construir un Estado más responsable, eficiente, e inclusivo que cree las condiciones para un contrato social que descanse en una norma social generalizada de cumplimiento de la ley. | 
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