 Para lograr la cobertura universal de los servicios básicos se requeriría invertir en infraestructura aproximadamente el 4 %del PBI.
En las áreas rurales del Perú el acceso a agua potable, electricidad, saneamiento y telecomunicaciones incrementa el ingreso de los hogares más pobres en 36%. El Banco Mundial ha invertido casi US$2 billones por año en préstamos en infraestructura.
PERU, 10 y 11 de julio de 2008- Incrementar las inversiones en servicios de infraestructura es clave para aumentar la competitividad, sostener el crecimiento económico, y así reducir la brecha social en América Latina.
Durante los dos días que duró la Conferencia Internacional sobre Enfoques Alternativos para Incrementar la Inversión en Infraestructura en América Latina y el Caribe, especialistas peruanos y extranjeros tuvieron la oportunidad de debatir sobre los principales desafíos que América Latina enfrenta para aumentar la inversión pública y privada en infraestructura. También estuvieron presentes funcionarios de gobiernos locales, regionales y nacionales, incluyendo ministros de estado y directores de entes reguladores y bancos de desarrollo, profesionales y ejecutivos de empresas privadas de diversos ramos, incluyendo bancos, calificadoras de riesgo, constructoras, y empresas proveedoras de servicios de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones, entre otras. El intercambio de ideas propiciado por este evento permitió repasar los avances en el sector, los principales obstáculos que existen y las metas que quedan por alcanzar. Entre estas últimas, destacan la necesidad de alcanzar una cobertura universal en la oferta de servicios públicos básicos, y reducir la brecha existente en el área de infraestructura, entre los países de América Latina y las economías emergentes de rápido crecimiento del sudeste asiático. El sector infraestructura en América Latina
Durante los últimos quince años los países de la región han invertido alrededor del 2 % del PIB en el sector de infraestructura. Aún hay comunidades rurales que no cuentan con carreteras apropiadas para poder acceder a mercados, escuelas y centros de salud. Cerca de la mitad de la población latinoamericana carece de un sistema de desagüe y sólo un 30% del agua que se recolecta es tratada. Aumentar el acceso de la población más necesitada a los servicios de infraestructura es fundamental para mejorar los indicadores de salud y educación. Según cálculos del Banco Mundial, si el 20% más pobre de la población pudiera tener el mismo acceso a servicios básicos que tiene el 20% de la población más pudiente, las tasas de mortalidad y desnutrición infantil se reducirían en un 8 y un 14% respectivamente. De acuerdo a estudios realizados por el Banco Mundial, para asegurar la cobertura universal en los servicios básicos y satisfacer la demanda de consumidores y productores, la región tendría que al menos duplicar sus inversiones en este sector (medido como porcentaje del PIB), es decir, se requeriría invertir en el sector aproximadamente el 4 % del PBI. Por consiguiente, durante los próximos años, América Latina necesitaría invertir en infraestructura entre 150.000 y 200.000 millones de dólares al año, incluyendo expansiones de capital, y mantenimiento tanto del stock de infraestructura actual como del futuro. Principales retos en el sector infraestructura
• Reunir el financiamiento necesario
• Regular adecuadamente a los proveedores de servicios, tanto públicos como privados, con el fin de maximizar su eficiencia y proteger los intereses públicos.
• Establecer precios de los servicios que sean accesibles para los usuarios, y que al mismo tiempo permitan recuperar sus costos y generar lucros adecuados para los inversionistas. Esto implica mejorar el enfoque de las tarifas sociales de manera de proteger a los consumidores más pobres, pero a la vez evitar subsidios casi universales. Por ejemplo, en algunos países de la región, entre el 85 y 95% de la población es elegible para subsidios a la electricidad, de tal forma que al menos un 80% de los recursos destinados al subsidio son capturados por familias que no son pobres, mientras que más de la mitad de los hogares pobres no cuentan con conexión eléctrica, y por lo tanto no pueden beneficiarse de la tarifa social. Trabajo del Banco Mundial en el sector infraestructura en América Latina
Durante los últimos 5 años, el Banco Mundial ha destinado cerca de 2.000 millones de dólares al año a préstamos en el sector de infraestructura en toda la región. Este monto equivale al doble de los préstamos otorgados a este sector hace 10 años, o a casi el 40% del presupuesto anual asignado a toda la región. Este énfasis en mejorar y extender los servicios de infraestructura en América Latina ha sido motivado por el hecho de que ello puede tener un enorme impacto en el crecimiento económico. Los servicios de infraestructura son un factor crítico para la producción de bienes y servicios y afectan de manera muy significativa la productividad, los costos y la competitividad de las economías. Por ejemplo, la calidad de las carreteras, los puertos y los sistemas de telecomunicaciones son una determinante clave de los costos logísticos. En América Latina, éstos oscilan entre un quince 15% en Chile y un 30% en Perú, comparado a un promedio de aproximadamente 9% en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico). Estudios del Banco Mundial sugieren que la desigualdad social tiende a disminuir cuando los países mejoran la calidad y la cantidad de su infraestructura. Además de ayudar a mejorar el acceso a la salud y la educación, y de contribuir a elevar el ingreso promedio de los países, las inversiones en infraestructura tienen el potencial de elevar los ingresos de los pobres en forma más que proporcional. Se estima que en las áreas rurales del Perú, el acceso a servicios de agua, desagüe, electricidad y telecomunicaciones puede significar un aumento del 36% en el ingreso de los hogares más pobres. Asimismo, el mayor acceso a mercados que es proporcionado por la rehabilitación de carreteras rurales puede llevar a un aumento del 35% en los ingresos familiares. A partir de la experiencia del trabajo del Banco en el sector infraestructura, se establecen tres lecciones importantes: Primero, la inversión debe ser más inteligente. Las inversiones que no se planean o que no se mantienen de manera apropiada ocasionan un desperdicio de dinero y disminuyen la confianza del público. Hay que poner atención al planeamiento integrado y concentrarse en mayor medida en objetivos estratégicos, de manera de evitar futuros cuellos de botella. Asimismo, es esencial que se mejoren y fortalezcan los procesos y las instituciones utilizados para identificar, seleccionar, implementar, monitorear y evaluar nuevos proyectos de inversión. Inversiones inteligentes también requieren un mayor énfasis y asignación de recursos al mantenimiento. La falta de atención a las inversiones en mantenimiento y rehabilitación lleva a interrupciones de servicios y mayores costos. Por ejemplo, luego de 10 años sin mantenimiento, el costo de rehabilitación de una carretera es diez veces más alto. Finalmente, se necesita aumentar la competencia y transparencia en los procesos de licitación y adquisiciones públicas.
 | | Jorge del Castillo, Presidente del Consejo de Ministros Perú, en el cierre del evento. |
Segundo, el sector público debe continuar teniendo un papel protagónico. El rol del sector público no sólo es primordial a través de la formulación de políticas y de la regulación, sino también a través de su envolvimiento directo en inversiones y en otras formas de toma de riesgos. Hay justificaciones económicas sustanciales para el envolvimiento directo del estado, incluyendo su responsabilidad en alcanzar metas sociales y ambientales, así como el hecho de que muchos servicios públicos no pueden ser financiados exclusivamente a través del pago de los usuarios.
Finalmente, es primordial involucrar nuevamente al sector privado. El potencial con el que cuenta el sector privado para incrementar la eficiencia en la provisión de servicios está ampliamente demostrado. Además, la habilidad de movilizar financiamiento y su capacidad para administrar el riesgo, convierten al sector privado en un socio vital. Sin embargo, es importante aprender de las experiencias de los últimos 20 años, incluyendo la necesidad de enfatizar el logro de las metas sociales, reforzar el marco legal y la capacidad reguladora del estado, promover la competencia y fortalecer la transparencia y la responsabilidad para con los usuarios por parte de los proveedores de servicios.
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