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LA REGLAMENTACIÓN CREÍBLE, ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA LA REFORMA DE LA INFRAESTRUCTURA CON EL FIN DE REDUCIR LA POBREZA, DECLARA EL BANCO MUNDIAL

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Washington, 14 de junio de 2004 — Según un nuevo estudio del Banco Mundial, la reglamentación creíble es un requisito fundamental para garantizar que las reformas que supone la reestructuración y privatización de los servicios públicos de infraestructura, como el abastecimiento de agua, la electricidad, el transporte y las telecomunicaciones, mejoren sus resultados y ayuden a reducir la pobreza.

"Una reforma acertada de la infraestructura es imprescindible para lograr los objetivos de desarrollo del milenio, y en particular para reducir la mortalidad infantil y potenciar a la mujer", ha declarado François Bourguignon, Primer Vicepresidente y Primer Economista del Banco Mundial, y director del Departamento de Economía del Desarrollo del Banco, organismo que preparó el estudio. "Si bien hubo probablemente cierta "exuberancia irracional" en los últimos años acerca de los posibles beneficios de la privatización, el hecho es que los servicios públicos de los países en desarrollo necesitan financiamiento privado para mantener y ampliar su oferta a los pobres".

El estudio, dado a conocer hoy en el Banco Mundial, tiene como título Reforming Infrastructure - Privatization, Regulation and Competition, y en él se señala la "reglamentación eficaz" como la condición más decisiva para conseguir una reforma adecuada de la infraestructura. "La reglamentación que representa un compromiso creíble con la salvaguarda de los intereses tanto de los inversionistas como de los clientes es crucial para atraer el capital privado a largo plazo necesario para garantizar un suministro adecuado y fiable de los servicios de infraestructura", se dice en el informe.

En concreto, se observa que los organismos reguladores deben estar libres de injerencias políticas, y que sus decisiones deben ser objeto de examen por parte del poder judicial o de supervisión por otra entidad no política. Los procesos de reglamentación deben alentar la competencia, ser abiertos y transparentes, y formularse antes de que se lleve a cabo la privatización.

La privatización, se observa en el estudio, tiene poca credibilidad en muchos países en desarrollo, con tasas de desaprobación de más del 80% en encuestas realizadas en Argentina y Perú. No obstante, se argumenta también en el informe, este descontento con los servicios privatizados no se debe a la estructura de propiedad, sino más bien a la debilidad de las instituciones encargadas de su reglamentación.

Las deficiencias en la regulación explican la mayor parte de los intentos fallidos de reforma y privatización de la infraestructura en los países en desarrollo, reconoce el autor principal del informe, Ioannis Kessides, economista superior del Banco Mundial. "Hay casos en que la privatización se llevó a cabo sin salvaguardas institucionales y se realizó por procedimientos considerados en muchos casos como ilegítimos", ha reconocido Kessides. "La privatización no es la panacea universal, pero tampoco lo es la vuelta al "antiguo sistema" de servicios públicos de propiedad estatal, antieconómico e ineficiente".

En Reforming Infrastructure se estudian experiencias de reforma y privatización de los servicios públicos en muchos países en desarrollo y en transición, y se extraen enseñanzas para ayudar a los responsables de la formulación de políticas a evitar los peligros. Se consideran los elementos específicos de la reglamentación y fijación de precios como medio de conseguir un equilibrio óptimo entre eficiencia económica y servicio universal.

"Se necesita una gran variedad de inversiones en infraestructura, tanto públicas como privadas, para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio", afirma Nemat Shafik, Vicepresidente de Infraestructura del Banco Mundial. "Para conseguirlo, debemos encontrar los medios para corregir el reciente descenso de la inversión privada en infraestructura en los países en desarrollo y en transición. Este estudio confirma que los precios deben ofrecer un incentivo a los inversionistas, pero que sigue siendo necesaria la concesión de subsidios bien concebidos y de sistemas de protección social orientados a objetivos específicos para garantizar que los pobres se beneficien de la mayor eficiencia conseguida y obtengan acceso a servicios vitales".

En Reforming Infrastructure se observa que el financiamiento privado en el sector de la infraestructura alcanzó un máximo de US$130.000 millones en 1997, y luego bajó a US$60.000 millones en 2001, debido a la caída de las bolsas en todo el mundo, las crisis financieras en los mercados emergentes y la vacilación provocada por la oposición pública a la privatización. Pero el antiguo concepto basado en la propiedad estatal no tiene mucho que ofrecer, se observa en el estudio, ya que los servicios públicos estatales de los países en desarrollo, considerados en su conjunto, contrajeron pérdidas de aproximadamente US$180.000 millones anuales en los primeros años del decenio de 1990 debido a ineficiencias en los sectores del abastecimiento de agua, ferrocarriles, carreteras y electricidad, cifra casi semejante a la de las inversiones anuales en esos sectores.

Pero, aun cuando la participación del sector privado en la infraestructura haya estimulado la inversión y ampliado la cobertura de los servicios, la realidad es que 1.100 millones de personas carecen todavía de acceso a agua potable, 2.400 millones viven sin saneamiento adecuado y 1.400 millones no tienen electricidad. Para atender estas necesidades y alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, como se observa en el informe del Banco Global Development Finance 2004, publicado en el mes de abril, los países en desarrollo necesitan US$120.000 millones al año desde ahora hasta el 2010 en inversiones de infraestructura en el sector de la electricidad, y US$49.000 millones anuales hasta el 2015 para el abastecimiento de agua y saneamiento.

En Reforming Infrastructure se establecen distinciones entre los sectores que podrían considerarse como candidatos para la privatización. El de las telecomunicaciones es el que ofrecería mejores perspectivas de privatización y liberalización en los países en desarrollo, mientras que la electricidad y, en particular, el abastecimiento de agua son más problemáticos. En este último, se recomiendan las concesiones y arrendamientos como medios más eficaces de lograr las ventajas de la competencia al mismo tiempo que se conserva una fuerte supervisión pública.

"Muchos países pueden beneficiarse de una privatización prudente de los servicios si hacen bien las cosas y no exageran al presentar los beneficios", ha declarado Michael Klein, Vicepresidente de Desarrollo del Sector Privado, Departamento conjunto del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (CFI), y Economista Principal de la CFI. "La supervisión reguladora debe estar en marcha. El proceso de adjudicación debe ser transparente. La privatización debe tener en cuenta las necesidades de los pobres, particularmente ampliando la cobertura de los servicios".

Una observación importante del informe es que un elemento clave para una reestructuración eficaz de los antiguos monopolios públicos es la "desagregación", es decir, la fragmentación del monopolio original en varias entidades privadas, o quizá públicas, dentro del mismo servicio o esfera de actividad, dando entrada a la competencia. Al mismo tiempo, los componentes todavía restantes de monopolio natural deberían ser objeto de estrecha supervisión o continuar siendo propiedad estatal. No obstante, en el estudio se advierte que dicha desagregación "hace que la labor reguladora sea más compleja, lo que será probablemente un problema en los casos en que la gestión de gobierno sea débil, como ocurre en la mayoría de los países en desarrollo y economías en transición".


El estudio Reforming Infrastructure - Privatization, Regulation and Competition puede leerse en http://econ.worldbank.org/prr/reforming_infrastructure/



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