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El precio de la corrupción

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8 de abríl, 2004—Más de un billón de dólares estadounidenses (US$1.000.000.000.000) se paga cada año en sobornos, según las investigaciones que lleva a cabo el Instituto del Banco Mundial.
Daniel Kaufmann, director de gobernabilidad del mencionado Instituto, dice que esta cifra es una estimación de los sobornos pagados en todo el mundo, tanto en países ricos como en países en desarrollo.

“Es importante recalcar que no se trata de un problema de los países en desarrollo exclusivamente”, dice Kaufmann. “Luchar contra la corrupción es un desafío mundial”.

La cifra de un billón de dólares, calculada utilizando datos económicos de 2001–02, contrasta con la magnitud estimada de la economía mundial, que en ese entonces se calculaba en algo más de US$30 billones, dice Kaufmann, y no incluye la malversación de fondos públicos ni el robo de bienes públicos.

Es sumamente difícil evaluar la magnitud mundial de la malversación de fondos públicos, “pero sí sabemos que en muchos casos se trata de un problema realmente grave”. Transparencia Internacional estima, por ejemplo, que el antiguo líder indonesio Suharto desfalcó entre US$15.000 millones y US$35.000 millones de su país, mientras que Ferdinand Marcos en Filipinas, Mobutu en Zaire y Abacha en Nigeria pueden haber malversado hasta US$5.000 millones cada uno.

Kaufmann observa que el cálculo de los montos totales de las transacciones corruptas no es más que una parte del costo total de la corrupción, que constituye un obstáculo importante para reducir la pobreza, la desigualdad y la mortalidad infantil en las economías emergentes.

Las investigaciones realizadas por el Instituto indican que los ingresos nacionales de los países que combaten la corrupción y mejoran el imperio de la ley pueden aumentar hasta cuatro veces en el largo plazo y que la mortalidad infantil puede disminuir hasta un 75%. “Hemos comprobado lo que denominamos ‘el dividendo del 400%’ que reporta la gobernabilidad”, señala Kaufmann.

Un país con un ingreso per cápita de US$2.000 que combata la corrupción, mejore la gobernabilidad y el imperio de la ley podría esperar que sus ingresos aumenten a US$8.000 en el largo plazo.

Combatir la corrupción puede contribuir al desarrollo

Según Kaufmann, no es sorprendente que combatir la corrupción y mejorar la gobernabilidad puedan dar un impulso importante a un país en desarrollo.

Países como Botswana, Chile, Costa Rica y Eslovenia, que han reducido la corrupción a niveles comparables a los de muchos países industrializados ricos, ponen en tela de juicio la idea muy generalizada de que un país debe hacerse rico para poder combatir la corrupción. Investigaciones en que se utiliza una amplia base de datos sobre gobernabilidad de 200 países demuestran, de hecho, que al mejorar la gestión de los asuntos públicos, el imperio de la ley y el control de la corrupción, se eleva el ingreso nacional per cápita.

Muchos éxitos a nivel de los proyectos ilustran también lo que es factible, tales como la “libreta de calificaciones” que preparan los ciudadanos en Bangalore (India), cuyo resultado ha sido un aumento en el grado de satisfacción de la ciudadanía con los organismos locales y una disminución de la corrupción; o los estudios de seguimiento del gasto público en Uganda, que permitieron reducir las fugas presupuestarias en las escuelas locales.

¿Se está ganando la batalla contra la corrupción?

Según Kaufmann, se ha avanzado en la lucha contra la corrupción en algunos sentidos, pero todavía queda mucho por hacer. Los problemas más graves aún no están resueltos; para ello se necesitará una enorme voluntad política de parte de los gobiernos nacionales, el sector privado (incluidas las empresas multinacionales) y los organismos internacionales.

Algunos gobiernos y dirigentes nacionales han tomado en serio la lucha contra la corrupción. En el ámbito internacional, un paso positivo fue la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, firmada en diciembre de 2003 en Mérida (México). Otras organizaciones internacionales, tales como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y la Organización de Estados Americanos, también han elaborado convenciones contra la corrupción.

Kaufmann dice que los esfuerzos del Banco Mundial por ayudar a los países a luchar contra la corrupción, que hasta mediados de los años noventa tenían limitaciones, aumentaron notablemente con el actual presidente James Wolfensohn, después de su trascendental discurso sobre este desafío, al que llamó el “cáncer de la corrupción”, pronunciado en las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial de 1996.

El Banco está colaborando en este sentido a través de proyectos en alrededor de 100 países. Igual importancia reviste la política de “tolerancia cero” del propio Banco en lo que respecta a la corrupción interna y las medidas enérgicas que se toman para reducir al mínimo la corrupción en los proyectos financiados por el Banco. El Banco publica los nombres de las compañías cuando se descubre que han utilizado prácticas corruptas en sus proyectos. Hasta la fecha se ha inhabilitado a más de 100 empresas.

Las investigaciones confirman que algunos países han tenido éxito mientras que otros han fracasado.

“Se han obtenido buenos resultados en algunos países, ciudades e instituciones. Sin embargo, la preocupante realidad es que por cada logro ejemplar, ha habido inacción o deterioro en otros casos. Existe una enorme diferencia entre los resultados obtenidos en distintos países, ciudades e instituciones en el control de la corrupción. La clave consiste en aprender de los errores y éxitos de las experiencias iniciales en este ámbito”, dice Kaufmann.

El camino a seguir

Según Kaufmann, dada la “preocupante realidad” de la magnitud de la corrupción internacional, tal vez habría que reflexionar de nuevo sobre cómo encararla. Entre las cuestiones clave se cuentan las siguientes:

  • Ver la corrupción en el contexto de la gestión de los asuntos públicos y el cambio institucional. Es vital promover el imperio de la ley, la protección de los derechos de propiedad, la libertad de prensa, la competencia en el ámbito político y la transparencia en general y en las políticas en particular (por ejemplo, en el financiamiento de las campañas electorales). También son decisivos los mecanismos que permiten a los ciudadanos expresar su opinión de forma eficaz.
  • El poder de los datos y la transparencia. Los países reformistas utilizan datos para medir y vigilar los progresos alcanzados en materia de gobernabilidad. Éstos contribuyen a la toma de decisiones sobre la gobernabilidad y la corrupción. Se debería alentar más el uso de medidas que contribuyen a la transparencia, tales como leyes sobre la libertad de información, la divulgación pública del patrimonio de los altos funcionarios y un acceso transparente al historial de voto de los parlamentarios. También es importante mejorar constantemente los indicadores que se utilizan a nivel mundial y los diagnósticos sobre países específicos.
  • No hay pruebas de que la ideología, la cultura, la globalización o la privatización sean culpables de la corrupción. La corrupción ha prosperado o ha sido sofocada por gobiernos de todas las tendencias políticas. La globalización puede ayudar a controlar la corrupción aumentando la transparencia y la competencia.
  • Examinar de nuevo la utilidad de los organismos contra la corrupción y las iniciativas legislativas tradicionales. En general, el desempeño de los organismos contra la corrupción (que con frecuencia se crean por conveniencia política y a expensas de difíciles reformas sistémicas) ha sido variable en el mejor de los casos. También lo han sido los resultados de la revisión de las leyes vigentes. Por ello, tal vez sería aconsejable desistir de estas iniciativas referentes a la creación de organismos o de las iniciativas legislativas tradicionales. En cambio, se debería dar mucha más prominencia a los incentivos, la prevención y las reformas institucionales y normativas sistémicas, concentrándose en las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil existentes.
  • La participación ciudadana en la lucha contra la corrupción. La batalla contra la corrupción no puede ganarse únicamente a través de unas cuantas instancias de gobierno. La sociedad civil, los medios de información, el Parlamento, el Poder Judicial y el sector privado deben participar plenamente con voz y voto. Las formas innovadoras de participación de los ciudadanos a nivel local, trabajando con sus municipalidades para mejorar la gobernabilidad y frenar la corrupción, pueden ser muy eficaces, como en el caso de un proyecto de gran envergadura en beneficio de numerosas aldeas indonesias o en el proceso de formulación de presupuestos con participación popular en Porto Alegre (Brasil).
  • Competencia libre y transparente del sector privado, para evitar que las instituciones del Estado caigan en manos de intereses creados privados de carácter monopólico.
  • Las políticas internas contribuyen enormemente al éxito o fracaso de todas las medidas que se adopten para reducir la corrupción. Los intereses creados deben reconocerse y entenderse expresamente, admitiendo que a veces la élite privada nacional ejerce una influencia indebida contra las reformas encaminadas a mejorar la gestión de los asuntos públicos. Para que se puedan efectuar las reformas, los dirigentes políticos nacionales tienen que estar dispuestos a resistir las presiones de miembros del sector público y privado que obstaculizan las reformas. Es crucial redoblar los esfuerzos internacionales, pero éstos no tendrán éxito sin liderazgo y determinación desde dentro del país.
  • El papel de un pacto internacional. Las organizaciones internacionales deben extraer las lecciones que ofrece la experiencia y sugerir medidas francas y concretas para mejorar los resultados. Las empresas multinacionales pueden afectar notablemente —para bien o para mal— la gobernabilidad y la corrupción en las economías emergentes. Así, para ejercer una influencia positiva se necesita una serie de incentivos y medidas de transparencia (tales como publicar lo que se paga a los gobiernos, inhabilitar a las empresas deshonestas que practican el soborno, etcétera). La divulgación de información por la banca internacional y la lucha contra el lavado de dinero también son importantes. Asimismo, se justifica que el Grupo de los Ocho dé más prioridad a la lucha contra la corrupción. Por último, en este contexto, también puede constituir un aliciente importante dar más relevancia a los incentivos para fomentar la buena gestión pública y la lucha contra la corrupción y a los requisitos para formar parte de acuerdos económicos y comerciales mundiales o regionales. Ejemplos de ello son el caso de Chile (que se adhirió desde un principio al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y luego a pactos con la Unión Europea y otros similares) y los países de la región con economías en transición que se han adherido a la Unión Europea. La posibilidad de ingresar en estos clubes económicos y políticos internacionales “selectos” les ha dado el ímpetu necesario para mejorar la gobernabilidad.

Este artículo se publicó por primera vez en inglés el 8 de abril, 2004.

 




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