Reducir la pobreza contribuye al crecimiento económico

El crecimiento de los países latinoamericanos en las últimas décadas ha sido decepcionante. Mientras que China experimentó un crecimiento per cápita promedio de 8,5 por ciento anual entre 1981 y 2000, el Producto Interno Bruto por habitante de América Latina disminuyó 0,7 por ciento por año en la década de los ochenta y apenas subió 1,5 por ciento en los años noventa. Además, la región continúa siendo una de las más desiguales del mundo. No sorprende entonces que mientras China logró reducir la pobreza un 42 por ciento en esas dos décadas, en América Latina haya habido pocos cambios significativos en los niveles de pobreza.

Y es que si bien el crecimiento es clave para la reducción de la pobreza, la propia pobreza hace más difícil alcanzar tasas de crecimiento altas y sostenidas. Así lo demuestra el nuevo estudio del Banco Mundial Reducción de la pobreza y crecimiento: Círculos virtuosos y círculos viciosos. Entre otras cosas, el informe estima que si el nivel de pobreza disminuye en 10 por ciento, el crecimiento económico puede aumentar en 1 por ciento y la inversión hasta en 5 por ciento del PIB. En otras palabras, reducir la pobreza constituye un buen negocio para toda la sociedad.

Esto se debe a varios factores. Como los pobres carecen de acceso a créditos y seguros, una buena parte de la población no puede efectuar inversiones potencialmente rentables para la economía nacional. Asimismo, resulta difícil atraer inversiones en las regiones con escasa infraestructura y bajos niveles de educación. Los hogares pobres, enfrentados a escuelas de menor calidad y restricciones de liquidez, no invierten lo suficiente en la educación de sus hijos y la sociedad se priva así de la contribución potencial de un gran número de talentos. Individuos con mala nutrición y salud aprenden y producen menos que aquellos con acceso a servicios de salud de calidad. En síntesis, en países con alta pobreza la sociedad como un todo se priva del concurso productivo de muchos de sus miembros.

En consecuencia, la estrategia más eficiente para crecer y reducir la pobreza en la mayoría de los países latinoamericanos consistiría en una combinación de políticas que busquen la aceleración del crecimiento económico con programas orientados directamente a reducir la pobreza y la desigualdad. En particular, hay cuatro metas:

1)       Lograr la cobertura plena de la educación preescolar, primaria y secundaria y los seguros básicos de salud a toda la población, a tiempo que se mejora la calidad de la escuela y los hospitales públicos. América Latina está perdiendo oportunidades de competencia y crecimiento por la baja calidad de la educación que recibe la mayoría de sus niños y jóvenes.

2)       Ampliar la cobertura de servicios públicos a los sectores y regiones más pobres (agua potable y saneamiento; vías, electricidad y telecomunicaciones rurales).

3)       Profundizar el acceso de la micro empresa y los sectores más pobres al sistema financiero.

4)       Facilitar la creación, el crecimiento y la generación de empleo por parte de las empresas más dinámicas (grandes y pequeñas).  

Las primeras dos metas exigen hacer más eficiente el gasto público destinado a estos propósitos y dedicarles más recursos, así como ayudar a las familias pobres a mantener a sus hijos en la escuela con transferencias de efectivo focalizadas y condicionadas. Cualquier aumento de recursos en estas áreas debe compensarse con la reducción de subsidios públicos exageradamente altos e inequitativos en que incurren la mayoría de los países de la región (por ejemplo, al consumo de energía, a las pensiones y a la educación terciaria. En este último caso, dado la alta rentabilidad privada de la educación universitaria, no se requiere de grandes subsidios públicos como hoy ocurre, sino de crédito educativo).

Por otra parte, en algunos países con niveles muy bajos de tributación, se requiere también aumentar el recaudo efectivo de impuestos, reduciendo exenciones y cerrando oportunidades de evasión. De no proceder así, se incurriría en desequilibrios fiscales cuyas consecuencias (en materia de inflación o crisis macroeconómicas) acabarían perjudicando más al crecimiento económico y en particular a los pobres.

Las dos últimas estrategias, a su vez, exigen ante todo mejoras legales y reglamentarias que faciliten la prestación de los servicios financieros y reduzcan los costos innecesarios para las empresas.

Sólo así, promoviendo el crecimiento y al mismo tiempo atacando la pobreza decididamente y en varios frentes, podremos trasladarnos de un círculo vicioso a uno virtuoso en el que un mayor crecimiento económico nos beneficie a todos.

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