América Latina y la informalidad: Una barrera al desarrollo que revela fallas institucionales

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WASHINGTON, 23 de mayo de 2007 – Los altos niveles de informalidad en América Latina y el Caribe son un síntoma de fallas institucionales y, al mismo tiempo, limitan las oportunidades de crecimiento y bienestar social y corroen la integridad de las sociedades en la región, dice un nuevo informe del Banco Mundial.

El   estudio Informalidad: Escape y Exclusión asegura que, para reducirla, los hacedores de las políticas públicas deben orientar su acción a mejorar las condiciones que impulsan la productividad y la expansión del sector formal y a modificar las barreras, los costos y beneficios de la formalidad para las empresas y los trabajadores que operan en la informalidad.

“Un mejor clima de inversiones permitirá que las empresas formales se amplíen y paguen sueldos más altos, haciendo menos atractivo mantenerse en la informalidad”, dijo Guillermo Perry, Economista Jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. El aumento de los niveles de calificación laboral para los pobres permitirá que un mayor número de trabajadores encuentre empleos bien remunerados en un sector formal más dinámico”.

Al mismo tiempo, es necesario un balance de alicientes y aplicación más estricta de la ley para cambiar los incentivos que llevan a trabajadores y empresas a la informalidad. Por ejemplo, se debe facilitar el registro de nuevas empresas, simplificar la ley tributaria, ampliar los beneficios asociados con la formalidad (acceso al crédito, mercados, seguridad jurídica, programas de desarrollo empresarial), eliminar o reducir rigideces excesivas en los mercados laborales, mejorar el diseño y cobertura de la seguridad social y los programas de protección social, y aplicar la ley de forma equitativa y firme.

De acuerdo con el informe, elaborado por Perry y los economistas del Banco Mundial Omar Arias, Pablo Fajnzylber, William Maloney, Andrew Mason y Jaime Saavedra, aun cuando la informalidad no es significativamente más alta en la región con respecto a otros países en desarrollo con ingresos per cápita similares, aumentó en los noventa de forma sorprendente y preocupante.

En unos países la informalidad aumentó por una mayor incidencia de los impuestos laborales, del salario mínimo, o de la legislación sobre seguridad social, a la vez que se expandían planes de protección social que no exigen contribuciones a los trabajadores informales. En otros, por políticas macroeconómicas inadecuadas que condujeron a fases artificiales de expansión económica a comienzos de los noventa en sectores con mayor propensión a la informalidad, al uso de contratos temporales y el debilitamiento de la fiscalización de la ley laboral e impositiva, y, en menor medida, al impacto de las reformas comerciales y al incremento en la participación laboral de la mujer.

El empleo informal (no registrado con la seguridad social) asciende a 56% del empleo urbano en la región y comprende dos grupos:

1. Informales independientes (los cuenta propia y dueños de microempresas) que representan el 24% del empleo urbano —que va desde 20% o menos en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, hasta más de 35% en Bolivia, Colombia, Perú, la República Dominicana y Venezuela
2. Trabajadores informales asalariados, que dan cuenta de cerca de 30% del empleo urbano y más de la mitad del empleo informal total —que varía desde el 17% en Chile, hasta más de 40% en Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Perú.

Mientras la mayoría de los independientes escogieron voluntariamente sus empleos y no buscan activamente empleos formales, la mayor parte de los asalariados informales ocupan esos empleos porque no encontraron un empleo ya sea como asalariado formal o como trabajador independiente y preferirían cambiar su ocupación.

El primer grupo corresponde a la perspectiva de “escape” de la informalidad, según la cual los trabajadores y las empresas escogen hasta qué punto adherirse con los mandatos y las instituciones del Estado, sobre la base del costo-beneficio de cruzar o no el margen hacia la formalidad. Esta racionalidad explica también el comportamiento de muchas empresas pequeñas y de las firmas de mayor tamaño.

El segundo grupo refleja la dimensión de exclusión de la informalidad, en la que los trabajadores y empresas informales no pueden acceder a beneficios cruciales otorgados por el Estado o de los circuitos de la economía moderna, ya sea por regulaciones excesivas, segmentación del mercado laboral o falta de voz en la conducción del Estado.

“Ya sea por la exclusión absoluta y la segmentación del mercado o por una decisión voluntaria de salirse de la formalidad, la informalidad puede conducir a un desequilibrio social en el que muchos trabajadores quedan vulnerables ante posibles choques a la salud y el empleo, y ante la pobreza en la vejez. Muchas empresas se mantienen por debajo de su potencial de crecimiento para no ser detectadas”, aseguró William Maloney, economista del Banco Mundial.”La necesidad de reforma es igual de importante, pero no existen soluciones únicas que apliquen a todos los países por igual”.

El sector informal en la región es muy heterogéneo y los factores de exclusión y de escape pueden tener pesos distintos entre los países y a lo largo del tiempo. Más allá de que la informalidad resulte de políticas inadecuadas, mecanismos de exclusión, o decisiones de costo-beneficio de las firmas y los trabajadores, representa una crítica fundamental al Estado latinoamericano en cuanto al incumplimiento de sus funciones de garantizar seguridad jurídica y económica, igualdad de oportunidades, y una adecuada provisión de bienes públicos.

Para reducir la informalidad en la región el informe enfatiza la necesidad de adoptar un enfoque integral que favorezca el aumento de la productividad agregada y mejore los incentivos para la formalidad implícitos en las regulaciones de negocios, impositivas, laborales, en la seguridad social y los programas de protección social; y, de avanzar en el proceso de construir un Estado más responsable, eficiente, e inclusivo que cree las condiciones para un contrato social que descanse en una norma social generalizada de cumplimiento de la ley.

Si desea más información sobre el estudio Informalidad: escape y exclusión visite: www.bancomundial.org/alc