Desde hace mucho tiempo, la comunidad internacional reconoce que el fraude y la corrupción obstaculizan el desarrollo en todas sus dimensiones. El desvío de fondos destinados a proyectos de desarrollo mediante actos de fraude, corrupción, colusión, coerción u obstrucción afecta la capacidad de los gobiernos, los donantes y el Banco Mundial de lograr los objetivos de reducir la pobreza, atraer inversiones y fomentar el buen gobierno.
Erradicar la corrupción de la asistencia para el desarrollo requiere que los prestatarios, el Banco y los asociados en la tarea del desarrollo adopten medidas conjuntas. Esto conlleva esfuerzos continuos por parte de los prestatarios, otras entidades receptoras de los fondos en los préstamos y el Banco a fin de prevenir el fraude y la corrupción dondequiera que se encuentren y, a la vez, fortalecer las estructuras institucionales.
En este sentido, se han dado pasos importantes. En 2006, el Banco puso en marcha una serie de reformas que dieron como resultado las normas destinadas a los prestatarios para la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción en proyectos financiados por el Banco. Su objetivo es garantizar que los fondos de los préstamos se utilicen para su fin original, esto es, fomentar el desarrollo y reducir la pobreza. Las normas tienen la finalidad de especificar claramente las medidas que deben adoptar los prestatarios y los demás receptores de los fondos de los préstamos para intentar evitar los casos de fraude y corrupción y para abordarlos en caso de que se produzcan.
Desde 1996, las Normas sobre adquisiciones y las Normas para la contratación de consultores han permitido al Banco Mundial sancionar a las empresas y personas que incurrieron en fraude o corrupción en la adquisición de bienes o la prestación de servicios, la selección de consultores o la ejecución de los contratos resultantes de esas operaciones. Ambos conjuntos de normas contienen definiciones de las prácticas específicas de fraude, corrupción, colusión, coerción y obstrucción, punibles para el Banco. Desde 1999, el Banco ha sancionado a más de 330 empresas e individuos por haber cometido actos de fraude y corrupción relacionados con proyectos para los cuales otorgó financiamiento.
