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La declaración de activos e ingresos, por parte de altos funcionarios públicos, reviste decisiva importancia para poner coto a la corrupción, según un nuevo estudio de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados

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Press Release No:2012/360/FPD

CIUDAD DE WASHINGTON, 28 de marzo de 2012. La declaración, por parte de altos funcionarios públicos, de sus ingresos, activos e intereses debería ser preceptiva, para librar con éxito la lucha contra la corrupción, según un estudio dado a conocer en el día de hoy por la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados emprendida por el Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

 

En este primer estudio mundial sobre leyes y prácticas de declaración de información financiera, titulado “Public Office, Private Interests: Accountability through Income and Asset Disclosure”, se recomienda un renovado compromiso en materia de declaración de ingresos y activos, como disuasivo del uso de cargos públicos en provecho privado y para manejar conflictos de intereses —reales y aparentes— en el sector público. En él se concluye asimismo que los sistemas de declaración de activos son más eficaces si los infractores están directamente expuestos a un riesgo de detección y castigo por las transgresiones que cometan.

 

“Los ciudadanos quieren que las autoridades actúen honestamente en relación con sus ingresos activos, como garantía de que no saqueen las arcas públicas o acumulen riquezas mal habidas”, señaló Jean Pesme, coordinador de Recuperación de Activos Robados, “lo que contribuye a crear un entorno de integridad y de confianza en los funcionarios públicos de alta jerarquía”. Casos recientes relacionados con sustracción en gran escala de activos han demostrado también que un eficaz sistema de declaración de ingresos y activos puede constituir un instrumento de decisiva importancia para que los países detecten y recuperen esos activos.

 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigencia en 2003 y ha sido objeto de ratificación o adhesión por 159 países, insta a sus Estados partes a establecer eficaces sistemas de declaración de información financiera para altos funcionarios públicos, y a considerar la posibilidad de intercambiar la información consiguiente con autoridades competentes de otros Estados. En el estudio se procura llenar el vacío de implementación en esa esfera crítica de los requisitos de la Convención. Los temas que abarca son, entre otros, las arduas cuestiones que giran en torno a los objetivos y al alcance de los sistemas de declaración financiera preceptiva, los enfoques en materia de verificación, las sanciones y los mecanismos de aplicación coercitiva, y el tema, con frecuencia polémico, del acceso público a la información. En él se sostiene que las cuestiones de contexto son significativas, y se formulan recomendaciones prácticas sobre adaptación de los regímenes de declaración de ingresos y activos a los diferentes contextos nacionales.

 

“Esperamos que este estudio crítico no sólo ayude a los gobiernos a diseñar y aplicar eficaces sistemas de declaración de ingresos y activos, sino que además incite a adoptarlos a responsables de políticas que puedan mostrarse reacios a crear o mejorar sistemas de ese género en sus países. Debemos recordar también que tales sistemas no pueden funcionar aisladamente: deben formar parte del más amplio marco anticorrupción de un país”, afirmó Francesa Recanatini, especialista en Sector Público del Banco Mundial.

 

El estudio se basó en análisis realizados por la iniciativa del Mecanismo de Responsabilidad Pública del Banco Mundial sobre las leyes de declaración vigentes en 88 países y en 11 estudios de casos que se publicarán en un volumen complementario en el presente año.

 

Para obtener acceso al informe, sírvase visitar www.worldbank.org/star

 

En la ciudad de Washington: 

Xenia Zia Morales, +1 202 473 9027, xmorales@worldbank.org

For Broadcast Requests: Natalia Cieslik, (202) 458-9369, ncieslik@worldbank.org

 

Acerca de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados

La Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados representa una alianza entre el Grupo del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que respalda programas internacionales tendientes a eliminar los refugios seguros para fondos provenientes de actos de corrupción. La iniciativa realiza una labor en común con países en desarrollo y centros financieros con el fin de prevenir el lavado del producto de esos actos y facilitar una devolución más sistemática y oportuna de los activos robados.

 

Acerca del Grupo del Banco Mundial

El Grupo del Banco Mundial es una de las mayores fuentes mundiales de financiamiento y conocimientos para países en desarrollo. Lo integran cinco instituciones estrechamente relacionadas: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF), que conjuntamente forman el Banco Mundial; la Corporación Financiera Internacional (IFC); el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias referentes a Inversiones (CIADI). Cada una de esas instituciones cumple un papel definido en la misión de combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población en el mundo en desarrollo. En www.worldbank.org, www.miga.org, y www.ifc.org podrá encontrar información adicional.

 

Acerca de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

La Oficina cumple un papel mundial de vanguardia en la lucha contra las drogas ilícitas y el delito internacional. Fue establecida en 1997 y opera en todas las regiones del mundo a través de una amplia red de oficinas en los países. Su mandato consiste en ayudar a los Estados miembros de las Naciones Unidas en su lucha contra las drogas ilícitas, el delito en general y el terrorismo; en ese contexto vela también por la observancia de varios tratados internacionales de lucha contra las drogas, el delito y la corrupción transnacionales organizados, y es un repositorio de estándares y normas pertinentes para la reforma de la justicia penal.

 

 




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