| SAN MARTÍN, 29 de agosto de 2005. La pequeña habitación ubicada al final de un corto pasillo en un edificio de una planta en el centro de esta ciudad ganadera podría ser perfectamente una oficina un poco maltrecha en un pueblo pequeño. Lo que distingue a esta habitación es el micrófono y las personas que tienen acceso a él. Es el hogar de la radio comunitaria de San Martín, 97.5 en el dial FM, la cual transmite una mezcla de música y noticias locales, anuncios familiares y comunitarios y resultados deportivos. Juan Jiménez Salazar, una de las voces tras el micrófono, explica que la importancia de la radio va más allá de transmitir música ranchera, que es la favorita de los ganaderos que abundan en la región. “Queremos brindar un espacio”, dice, “para que las personas puedan expresar sus opiniones, sus sueños”. La idea de decir lo que uno piensa libremente es nueva para las audiencias de la región central del valle del río Magdalena, Magdalena Medio, quienes están mucho más acostumbrados a guardarse muy bien sus opiniones. En los años ochenta, guerrillas de izquierda dominaron vastas secciones de la región de Magdalena. En la década siguiente, la mayoría de los frentes de la guerrilla fueron desplazados hacia las montañas y hoy en día los paramilitares de “autodefensa”, de derecha, dominan los centros demográficos. Ambos grupos de ejércitos ilegales codician el control de la región, donde a pesar de la riqueza en recursos, el índice de pobreza de 70 por ciento ayuda a mantener un flujo constante de nuevos reclutas.  |  |  | | Nery Escobar, secretaria y ejecutiva de cuentas de una cooperativa que fabrica ladrillos. |
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Mantener un delicado equilibrio
Por lo tanto, mantenerse en el aire en Magdalena Medio significa mantener un delicado equilibrio entre lo que es seguro e inseguro, esto es, quedarse junto a la llama pero sin quemarse. Los tres miembros de la radio nunca pensarían, por ejemplo, en usar las ondas radiales para instar a los jóvenes a unirse a una organización ilegal. Por otro lado, ministros protestantes están invitados a participar en la radio, la cual comenzó siendo un proyecto de la Iglesia Católica. “Intentamos decirle a los jóvenes que hay ciertos valores que no se transan, como la tolerancia”, dice Salazar. En esta región, esa sola idea es nueva y liberadora. La estación de radio es solamente uno de los proyectos que está operando bajo el Programa de Desarrollo y Paz de Magdalena Medio y su Laboratorio de Paz afiliado. En total estos programas manejan 340 proyectos con 30.000 participantes en toda la región, la cual abarca 29 municipios y cuatro departamentos (provincias) en la zona norte-centro de Colombia. Entre los proyectos está la organización de cooperativas de producción de aceite de palma y cultivo de cacao, la instauración de programas escolares orientados a animar a los estudiantes a mantenerse en la escuela y de talleres comunitarios sobre salud sexual y reproductiva. Altos índices de pobreza, analfabetismo y homicidios El escenario del programa es una región afectada por la extrema pobreza (con un índice casi tres veces el índice nacional de 11 por ciento), 20 por ciento de analfabetismo y una alta incidencia de homicidios (aunque ha bajado en el año 2004) relacionado con el conflicto armado que vive el país. La pregunta es: ¿se puede romper el vínculo entre riqueza, pobreza y conflicto armado? El Padre Francisco de Roux y sus 85 colegas del Programa de Desarrollo y Paz de Magdalena Medio dicen que sí se puede. La tarea requiere lo que Roux llama “desarrollo en caliente”: desarrollo en medio de las acciones, donde la llama está más caliente. De Roux, un sacerdote jesuita colombiano de 61 años, esbelto y de habla suave, con un doctorado en economía de la Universidad de París, ayudó a fundar el Programa en 1995. Los fondos iniciales fueron aportados por Ecopetrol (la empresa estatal de petróleo) y la Iglesia Católica. El apoyo del Banco Mundial se inició en 1998 con un primer préstamo de US$5 millones encauzado a través del gobierno colombiano. En 2001, siguió un segundo préstamo de US$5 millones (el “Laboratorio de Paz” afiliado obtiene la mayor parte de su financiamiento de la Unión Europea). Todos los proyectos ponen énfasis en el control local. Esto es para mantener el objetivo general de fortalecer a las comunidades y habilitarlas para el desarrollo del poder político, económico y social necesario para resistir la violencia que azota la región. Para quienes no es común tener voz sobre cómo viven, la diferencia es enorme. Marcar la diferencia El programa ha marcado una gran diferencia en la vida de Isolina Quintero, de 33 años. Un miembro del personal del programa recuerda que cinco años atrás, Isolina Quintero era tan tímida que podía pasarse toda una reunión de la Asociación de Desarrollo Comunitario sin decir una sola palabra. Sin embargo, su continua asistencia a las reuniones ayudó a Quinteros a ser más extrovertida. Hoy, Isolina se ha convertido en una activista en favor de la construcción de nuevas viviendas para 116 familias que viven en la ribera del Magdalena, un área que se inunda por lo menos tres veces al año. Una vez que la Asociación obtuvo los fondos para financiar la construcción de nuevas viviendas en terrenos elevados y secos alejados del río, un funcionario del gobierno municipal entonces en el poder le ordenó que depositara el dinero en la cuenta del gobierno local. O si no, le dijo, “voy a hacer que te maten”. Según cuenta Isolina, ella contestó: “Si aparezco muerta, tu serás el responsable”. La amenaza resultó ser una fanfarronada. Pero su audacia fue sorprendente en una región donde el activismo comunitario puede ser riesgoso. En los últimos años, 15 personas asociadas a proyectos del Programa de Desarrollo y Paz en Magdalena Medio fueron asesinadas. ¿Es el programa mismo una potencial víctima? Los habitantes del área dicen que no. Uno de ellos ve los asesinatos como una forma de eliminar a los líderes comunitarios que se convierten en intermediarios entre sus comunidades y los funcionarios de los gobiernos locales y regionales. Avance económico En este clima, muchos buscan mejorar sus vidas centrándose sólo en el aspecto económico. Máximo Vega, de 35 años, tiene un vivero de plantas de cacao en las montañas de Landázuri. Poniendo en práctica las técnicas que le enseñó un miembro del Programa de Desarrollo y Paz, él cultiva plantas especialmente adaptadas a la altitud y condiciones del área. Su meta es incrementar su productividad a 2.000 kilos por hectárea, de los 1.300 kilos por hectárea que produce actualmente. Con eso, los agricultores podrán crear una economía agrícola local que les permitirá resistir las presiones por plantar coca. Otros agricultores estiman que el cultivo de coca ahora llega a 2.500 hectáreas en la zona del municipio. Vega no ve que la coca sea un cultivo con posibilidades a largo plazo en la zona. “Si planto coca y vivo de eso, ¿qué voy a dejar a mis hijos? Todo lo que sabrán es cómo cultivar coca”. Por su parte, Vega vive en buenas condiciones económicas gracias a su vivero de 9.000 plantas de cacao. Sus ingresos son tan buenos que ha comenzado a construir una casa de ladrillo de cuatro habitaciones con agua potable y electricidad. La demanda de estas semillas aclimatadas es fuerte entre los 1.500 agricultores que trabajan con consejeros del programa. “Si tuviera 100.000 o 200.000 plantas, las habría vendido todas”, dice Vega. Ladrillos para hacer dinero Nery Escobar, de 37 años, pertenecía a una red informal de fabricantes por cuenta propia que utilizaban hornos caseros, normalmente en los patios de sus casas, para hacer ladrillos. Pero durante los años noventa, Nery y los otros pasaron muchas dificultades cuando aumentó la demanda de las empresas constructoras y los ladrillos caseros no pudieron competir con los producidos en fábricas. A pesar de su ubicación estratégica en Barrancabermeja, la ciudad que alberga la refinería de petróleo y que es la capital informal del Magdalena Medio, los fabricantes de ladrillos apenas podían sobrevivir. Entonces los miembros del Programa sugirieron que los artesanos compitieran con las fábricas de ladrillos en igualdad de condiciones. Seis años después, una nueva cooperativa nació. La Cooperativa de Trabajo Asociado Alfareros de Barrancabermeja abrió una fábrica valorada en US$745.000 con una máquina moldeadora de ladrillos y dos hornos capaces de producir 144.000 ladrillos al mes. A principios de junio del 2004, la fábrica consiguió su primera orden de 10.000 ladrillos para una empresa constructora de la ciudad. El Programa de Desarrollo y Paz no solamente apoyó la formación de la cooperativa sino que les ayudó a obtener los fondos de la empresa petrolera estatal Ectopetrol , entre otras fuentes, para proveer el capital inicial. Esos fondos no ofrecían ningún subsidio para mantener a los miembros de la cooperativa durante los años que tomó conseguir primero el financiamiento de la fábrica y luego construirla. Ellos vivieron de los ingresos obtenidos por miembros de su familia o de alquilar sus hornos a artesanos que no se habían unido a la cooperativa. “Cuando nos juntamos con el Padre de Roux”, dice Nery, “él nos dijo, ‘No les vamos a regalar nada, ustedes tendrán que trabajar por ello’. Eso nos dio mucho más ánimo que cualquier potencial promesa”. La meta de dar un mejor un futuro a sus tres hijos de 9, 10 y 14 años es otro aliciente para Nery Escobar. “Quiero que sean profesionales”, dice. Escobar debe equilibrar su compromiso con la cooperativa con la adherencia al código de conducta de Magdalena Medio. “La ley del silencio es la norma”, dice. Ella se refiere a la decisión de no indagar sobre el asesinato de su esposo, Victor Daniel Gómez, quien fue asesinado en un momento en que los paramilitares estaban expulsando a las guerrillas de Barrancabermeja. Su esposo no estaba involucrado en el conflicto, pero hacer preguntas puede ser fatal, dice Nery. “Es mejor dejar las cosas como están”. |
