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Panorama general

• Entre 10% y 12% de la población del mundo padece alguna discapacidad y en 25% de los hogares hay un integrante en esta situación¹. La mayoría de las personas con discapacidad vive en países en desarrollo.
  
  
• El 75% del total de las discapacidades surgen en la vida adulta. Debido al envejecimiento de la población, se espera que la prevalencia de este problema aumente drásticamente.
  
  
• Las personas discapacitadas muchas veces no se toman en cuenta en el discurso público y no se atienden sus intereses y necesidades. Además, suelen quedar excluidas de la vida económica y social debido al estigma y a entornos físicos inaccesibles. Tal situación se traduce en la pérdida y desaprovechamiento del capital humano y en menor productividad a nivel individual y nacional.
  
  
• La discapacidad aumenta los niveles de pobreza y ésta a su vez agrava los impedimentos. Será imposible alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) si no se abordan las necesidades de quienes sufren algún tipo de discapacidad.
  
  
• Los efectos socioeconómicos de la actual crisis financiera podrían excluir más aún a estas personas que ya están entre los grupos más vulnerables.

La discapacidad ocupa un lugar central en la misión del Banco Mundial y atañe a todos los aspectos de su labor

La discapacidad no es un hecho aislado, sino que forma parte del ciclo de la vida. Las personas con discapacidad son aquéllas que nacen con algún impedimento físico, cognitivo o sensorial o lo adquieren durante su vida. Puede ser el resultado de desnutrición, falta de atención de salud de calidad (incluida medicina preventiva), condiciones crónicas, enfermedades infecciosas (como VIH/SIDA), envejecimiento, lesiones, desastres naturales, conflictos y guerra, urbanización, contaminación, degradación medioambiental, condiciones laborales peligrosas y pobreza.

La falta de acceso a oportunidades económicas, educativas y sociales afecta de manera desproporcionada a las personas que tienen algún impedimento. Los individuos que sufren alguna discapacidad tienen menos posibilidades de participar en la vida social y económica no sólo como resultado de una limitación médica o funcional, sino también como reflejo del nulo o insuficiente acceso a servicios sociales, educación y oportunidades en el mercado laboral. Este limitado acceso, que con frecuencia genera exclusión, no sólo afecta en términos económicos a los discapacitados, sino también a sus familias y cuidadores, quienes muchas veces sacrifican sus actividades productivas para quedarse en casa. Se cree que a nivel mundial, estos factores se traducen en una pérdida de capital humano y de PIB de entre 5% a 7%².

Aumenta la conciencia mundial sobre la importancia de abordar la discapacidad en el ámbito del desarrollo. El tema de la discapacidad se incluyó en la Declaración de Accra, conocida como Programa de acción de Accra (2008)³. De igual manera, la reciente Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD, por sus siglas en inglés) promueve el trabajo multisectorial para lograr su plena integración. La Convención se refiere específicamente a la importancia del desarrollo a la hora de encarar los derechos de las personas con algún impedimento. Hasta ahora, 139 países han firmado la CRPD y de ellos, 51 la han ratificado⁴. En los últimos años, un número cada vez mayor de donantes bilaterales formuló políticas sobre discapacidad para orientar su ayuda internacional⁵.

La discapacidad en los países que recurren a nuestros servicios

• En los países en desarrollo, un tercio de los niños que no asisten a la escuela padece de algún tipo de discapacidad⁶. De esta manera, el fenómeno se correlaciona mucho más con la inasistencia escolar que las diferencias de género o la clase social⁷.
  
  
• En Uganda, los discapacitados tienen cerca de 40% más probabilidades de ser pobres, mientras que los niños que viven en hogares con algún miembro en esta situación tienen menos perspectivas de ir a la escuela.
  
  
• En Rumania, casi 30% de los trabajadores asalariados que padecen de alguna discapacidad pertenecen al quintil más pobre de la población.
  
  
• En Honduras, 51% de las personas con discapacidad son analfabetos (en comparación con 19% de la población general).
  
  
• En India, la tasa de empleo de los discapacitados es inferior en 60% a la de la población general⁸.
  
  
• En los países de la OCDE, la tasa de empleo entre todos los discapacitados era de 41,3% a finales de los años noventa y 24,5% entre las personas con alguna discapacidad grave. En el mismo período, la tasa era de 68,1% entre quienes no sufrían ningún tipo de discapacidad⁹.
  
  
• En los países en desarrollo se registra 90% de los Años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) perdidos debido a lesiones por accidentes de tránsito.
  
  
• Se calcula que unos 100 millones de personas en todo el mundo sufren alguna discapacidad causada por desnutrición.

¿Cómo integra el Banco esta temática en su programa de desarrollo?

El Banco Mundial trabaja en varias áreas clave para mejorar la integración de las personas con discapacidad en todas sus operaciones y productos de difusión de conocimientos: 

Creación de conocimientos, recopilación de datos y documentación de buenas prácticas. El Banco, a través de su trabajo analítico, recopilación de datos y documentación de buenas prácticas en las áreas de discapacidad, pobreza y política, sienta las bases para formular políticas económicas y sociales basadas en la experiencia que permitan integrar a las personas con impedimentos en los diversos sectores del desarrollo, como salud, educación, mercados laborales, redes de seguridad social, infraestructura, transporte y otros.

Respaldo al diseño universal. El Banco apoya el uso del Diseño universal¹⁰ en sus proyectos. Algunas modificaciones pequeñas y de bajo costo adoptadas durante las fases de planificación y ejecución de los proyectos pueden mejorar enormemente factores como acceso, facilidad de uso y seguridad de la infraestructura física para todas las personas, incluidas aquellas inhabilitadas transitoriamente, como lesionados, embarazadas, ancianos y niños, además de los propios discapacitados permanentes.

Gestión del conocimiento y el aprendizaje. La instituciónestá reorganizando el sitio web y el Conjunto de herramientas sobre discapacidad en consonancia conla estructura de la CRPD a fin de brindar un mejor apoyo a los equipos de operaciones del Banco y a la aplicación de esa Convención en los países clientes. El Banco trabaja con otros organismos de Naciones Unidas en la creación de un único Sistema de conocimiento interinstitucional sobre el tema de la discapacidad.

Asociaciones internacionales. El Banco Mundial trabaja en conjunto con muchos donantes bilaterales y multilaterales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) (en la elaboración el Informe mundial sobre discapacidad y rehabilitación) y la Asociación global para el desarrollo y la discapacidad (GPDD, por sus siglas en inglés).

Crisis, discapacidad y respuestas normativas

La crisis financiera y la recesión están perjudicando —en muchos aspectos de sus vidas— a personas de todo el mundo que sufren alguna discapacidad, principalmente a través de los efectos adversos en el mercado laboral, los ingresos y la capacidad de los gobiernos para proporcionar servicios sociales. Al igual que el resto de la población, las personas discapacitadas pueden perder el empleo, los ingresos o las oportunidades de mejorar sus condiciones económicas, situación que aumenta la pobreza y vulnerabilidad. También pueden verse afectadas por la disminución de la asistencia social del gobierno, con consecuencias similares a la pérdida del empleo. La reducción del gasto público puede repercutir en la salud, la educación y las redes de protección social y limitar aún más el acceso ya insuficiente de los discapacitados a servicios sociales, en particular en los países en desarrollo. La merma en el gasto fiscal puede impedir, o incluso detener, los esfuerzos destinados a mejorar el acceso a edificios públicos y otra infraestructura, aspecto fundamental para la integración de las personas con impedimentos. Todos estos problemas pueden tener consecuencias a largo plazo, en especial si se traducen en el deterioro de las capacidades laborales.

Las políticas en respuesta a la crisis deben velar por un tratamiento e inclusión equitativos de estas personas. La contracción fiscal generada por la crisis puede limitar la capacidad de muchos gobiernos para formular políticas que ayuden a los discapacitados. Aun cuando no sea posible aplicar programas especiales, los gobiernos deben tomar medidas concretas para velar por un tratamiento equitativo de estas personas y de su inclusión en todas las iniciativas destinadas a mitigar el impacto de la crisis. También es necesario prevenir cualquier retroceso en los logros institucionales y normativos obtenidos con anterioridad.

Los ajustes en el mercado laboral relacionados con la crisis perjudican a los discapacitados y a sus familias. La crisis financiera mundial generó contracción económica, pérdida de empleos, disminución de los salarios y desaceleración en la creación de empleos. Estos acontecimientos podrían agravar aún más los indicadores del mercado laboral para personas con algún impedimento, específicamente en los países en desarrollo. Además, los discapacitados que participan en el mercado laboral, en especial aquellos con impedimentos graves, se desempeñaban en lugares de trabajo seguros y protegidos que podrían verse en peligro si disminuyen los recursos públicos. En muchos países en desarrollo, la mayoría de estas personas trabajan por cuenta propia, en particular en el sector informal donde no cuentan con seguridad social ni apoyo al ingreso. Por esta razón, varios gobiernos están considerando la creación de programas de mercado laboral productivos y sistemas públicos de empleo para responder a la crisis. Este tipo de iniciativas debe contener medidas específicas para incluir a los discapacitados y (o) a sus familiares. La extensión también es crucial, ya que este segmento suele estar poco informado sobre los programas disponibles y tiene escaso o nulo acceso a ellos. Además, es importante mantener aquellos programas de reconocido buen funcionamiento para apoyar las actividades económicas de los discapacitados.

La pérdida de recursos podría incidir en la disminución del gasto público destinado a servicios de salud y educación; esta situación afectaría de manera desproporcionada a los discapacitados. El acceso a una buena atención de salud es particularmente importante para las personas con discapacidad, ya que sin rehabilitación médica, muchos no podrían seguir trabajando. Además, una atención médica inadecuada suele ser un factor clave para la aparición de discapacidades secundarias y éstas limitan aún más las opciones de los discapacitados para participar en la vida económica y social. Un gasto público limitado en salud y el acceso inadecuado incluso a servicios de salud básicos son fenómenos comunes en muchas naciones en desarrollo, por lo que la disminución de este gasto a causa de la crisis podría dejar a los discapacitados sin ningún tipo de atención médica. Por ende, es indispensable hacer lo que sea necesario para mantener el gasto destinado a servicios de salud básicos. Respecto de la educación, los niños con discapacidad tienen menos posibilidades de asistir a la escuela debido al estigma social, la falta de acceso físico y los escasos medios financieros. Nuevamente, cualquier merma en el gasto público, en particular en educación primaria y de la primera infancia, podría tener efectos negativos importantes para los niños con impedimentos y disminuir sus oportunidades a largo plazo de adquirir habilidades para el trabajo y participar en forma fructífera en el mercado laboral. Para responder a la crisis, los gobiernos no sólo deben velar por evitar una disminución en el acceso de estos niños a la educación, sino además esforzarse por aumentarlo, ya que es un factor determinante para su futura productividad y nivel de dependencia del Estado.

El apoyo financiero y los servicios sociales que proporciona el gobierno a las personas con discapacidad contribuyen significativamente a que este grupo pueda afrontar las crisis económicas. En muchos países desarrollados, los programas de asistencia social (o transferencias sociales) representan un alto porcentaje del ingreso de los discapacitados. Sin embargo, una crisis financiera puede afectar adversamente el presupuesto de los planes públicos de seguro social y requerir el recorte de las prestaciones precisamente en momentos en que aumenta la demanda. Las medidas de protección social mínimas para personas discapacitadas podrían incluso desaparecer. Esta situación es especialmente nociva en muchas naciones en desarrollo, ya que con el deterioro o ineficiencia de las redes de seguridad y el agravante de la pérdida del empleo, muchas personas y en especial los discapacitados, pueden caer en una pobreza más profunda. En algunos casos, este empobrecimiento puede generar desnutrición, fenómeno que a su vez está fuertemente asociado con discapacidades infantiles¹¹. Por lo tanto, es fundamental velar por la inclusión de los discapacitados en todos los programas de protección social destinados a ayudar a enfrentar la crisis. Lo anterior se aplica a transferencias en efectivo (condicionadas o no), programas de alimentación, programas públicos de empleo y otros. En estos casos, podrían requerirse iniciativas de extensión y ajustes adecuados en los procedimientos administrativos para permitir la postulación de estas personas.

La disminución de la ayuda extranjera puede afectar a las personas discapacitadas que viven en países de ingreso bajo, frágiles y en situación posterior a un conflicto. Los estados frágiles y de ingreso bajo, que muchas veces están saliendo de un conflicto, enfrentan problemas enormes. Al mismo tiempo, sus recursos humanos e institucionales y sus capacidades fiscales para lidiar con estos problemas son muy restringidos. En la mayor parte de estos Estados no existen medidas de protección social formales, por lo que las personas con discapacidad generalmente deben recurrir a la atención informal. Aparte de sus familias y comunidades, la ayuda que reciben proviene de donantes y es repartida en gran medida por ONG internacionales o sus asociados locales. La crisis no sólo limita el apoyo de los gobiernos donantes hacia estas actividades, sino que reduce la capacidad de las ONG y organizaciones de la sociedad civil (OSC) de movilizar fondos privados, situación que las obliga a reducir o incluso terminar sus operaciones. Así, la población que finalmente resulta perjudicada es la misma que estaba recibiendo atención.

Accesibilidad: La crisis también ofrece oportunidades. La falta de acceso físico al lugar de trabajo, escuelas, establecimientos de salud, caminos, transporte y otra infraestructura y servicios crea obstáculos enormes para las personas con discapacidad. Por este motivo, muchos gobiernos planifican inversiones importantes en infraestructura física para reforzar la actividad económica y acelerar la recuperación. Si se garantiza la aplicación del diseño universal (DU) en estos programas, se puede lograr mayor accesibilidad no sólo para estas personas, sino también para otros segmentos de la población. En todo caso, es importante incluir los principios del DU desde la etapa de diseño, ya que es mucho más económico que realizar modificaciones posteriores.

El Banco Mundial está en buen pie para liderar los esfuerzos de inclusión de las personas con discapacidad en programas que reduzcan el impacto de la crisis financiera en los países en desarrollo. La institución apoya a los países afectados por la crisis a través de varios instrumentos y al integrar a los discapacitados en su labor analítica y operativa, puede liderar el esfuerzo internacional destinado a ayudar equitativamente a todas las personas a capear los efectos de la crisis. Es posible asegurar este enfoque integrador en todos los sectores. Por ejemplo, las intervenciones que incluyan fondos de inversión social, desarrollo impulsado por la comunidad y microfinanciamiento pueden tener componentes dirigidos a personas con impedimentos a través de actividades de generación de ingresos, planes de microcrédito, servicios de rehabilitación dentro de la propia comunidad y otros; los proyectos de educación y desarrollo en la primera infancia pueden adaptarse para asegurar el acceso de los niños con discapacidad¹²; los proyectos de protección social pueden contener actividades que mejoren la extensión y cobertura de estas personas y sus familias; los proyectos de infraestructura y transporte deben adherirse a los principios del DU y así crear entornos mejores para toda la población; y por último, el financiamiento de políticas de desarrollo que otorgue apoyo presupuestario se puede usar como una oportunidad para mejorar las instituciones y políticas relacionadas con la discapacidad.

Actualizado en abril de 2009